A la luz de las últimas noticias sobre las circunstancias que desembocaron en la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se puede decir, sin temor a errar, que fue un acto injusto. Incluso ilegal, a la vista de que el coronel —cumpliendo con su deber— se negó a facilitar información acerca de las diligencias judiciales sobre el 8M. Un sumario abierto en un juzgado de la capital en el que la jueza Carmen Rodríguez-Medel investiga la actuación de las diversas autoridades sanitarias y políticas que autorizaron las marchas feministas que se celebraron aquél día.
Para enmarcar la dimensión del caso hay que recordar que cuando los agentes de la Guardia Civil actúan en calidad de Policía Judicial, por ley, están obligados a reportar únicamente ante el juez. Así está establecido legalmente para garantizar la separación entre el poder político y el judicial. Dada su condición anterior a la entrada en política, el papel del ministro Fernando Grande-Marlaska —juez de carrera— resulta desconcertante. Nadie mejor que él conoce la norma legal que blinda a los agentes ante cualquier injerencia en sus actuaciones como Policía Judicial.
Por eso mismo sorprende que se haya comportado de manera autoritaria cesando al coronel Pérez de los Cobos, un funcionario de trayectoria profesional ejemplar.
En el intento, a la postre inútil, de falsear la verdad del móvil del cese del coronel, Grande-Marlaska ha ido incurrido en diversas contradicciones. La aparición de un documento en el que la directora general de la Guardia Civil ordena el cese por “No informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento” le ha dejado desnudo frente al espejo desmontado las explicaciones para envolver una destitución injusta en el ropaje de una remodelación del equipo directivo de la Benemérita.
Es difícil sustraerse a la idea de que detrás de la destitución del coronel no anida el miedo -a las consecuencias judiciales- de quienes autorizaron la manifestación del 8M sabiendo ya que diversos organismos sanitarios habían alertado acerca de la letalidad del coronavirus. Imagino el calvario por el que está pasando el coronel pero ignoro si —como se ha publicado— tiene intención de recurrir el cese del que injustamente ha sido víctima. Derecho le asiste.
