El Gobierno aprobó, finalmente el pasado viernes, el Ingreso Mínimo Vital. Un derecho de ciudadanía, según explicó el vicepresidente Iglesias, para desarrollar un proyecto vital y velar por el futuro de la juventud y la infancia. La cuantía será de entre 460 y 1.015 euros, se podrá compaginar con otros ingresos, unos ciertos ahorros, una vivienda y cero deudas. Además, será compatible con las rentas de inserción que ya distribuyen las Comunidades Autónomas y cuyo monto alcanza los 17.000 millones de euros. También, por cierto, se pedirá la colaboración de los ayuntamientos, muchos de los cuales también tiene algún tipo de ayuda a las personas vulnerables.
Si dejamos las soflamas de que el viernes fue un día histórico, la idea de justicia social así sin matices y la política útil. En realidad, este IMV, que será estructural y no coyuntural como venían pidiendo desde organismos internacionales y numerosos economistas, es una ayuda que por mucho que se vocee que no desincentiva el empleo y la economía sumergida, sí lo hará.
Es cierto que la pandemia ha agravado la situación de muchas personas. Es obvio, que mientras dure y la economía esté en caída libre, es necesario ayudar a los que lo están pasando mal. Pero, tan verdad como que muchos de los que han empeorado su situación lo han hecho, porque no se ha acometido con cabeza ni la crisis sanitaria ni la económica. Se ha dejado a su suerte a empresas y autónomos, retrasando las deudas y sin ingresos, por lo que muchas o ya han cerrado o están abocados a hacerlo, llevándose por delante los puestos de trabajo. El Gobierno no sólo no ha seguido los pasos de otros países, sino que ha abandonado a millones de personas a su suerte, sin pagar los ERTE durante dos meses, sin ayudar a las empleadas de hogar y a cientos de miles de autónomos. Ha embarrado todo con burocracia, generando desconfianza e inseguridad jurídica.
El IMV debería ser una ayuda coyuntural y dotar de una mayor vigilancia a las que ya ofrecen otras Administraciones. Por ejemplo, ligándola a la búsqueda de un empleo. Pero, claro, este no es el modelo de este Gobierno social-comunista, que lo que busca es tener, de momento a 2,5 millones de personas, enganchadas a una ayuda. El empleo, señores del Gobierno, es la mejor ayuda social y lo que dignifica a las personas.
