Ustedes habrán escuchado desde ayer al mediodía que Europa, por fin, tiene un plan: un fondo para la reconstrucción de la maltrecha economía continental dotado con 750.000 millones de euros, de los que 500.000 serán a través de ayudas directas y 250.000 a través de préstamos a los distintos países. De ellos, 140.000 millones de euros se destinarán a España, 77.000 millones a fondo perdido y 63.000 como créditos.
Hay algunas características que dotan de singularidad al proyecto. Señalo dos: las partidas se enmarcan dentro del presupuesto de la Comisión para el sexenio 2021-2027 y, segundo, serán financiadas fundamentalmente a través de recursos que consiga la propia Unión Europea en el mercado. Es decir, que se minora la carga de deuda que los países tendrían que soportar puesto que parte de las ayudas son subsidios y, a su vez, se evitan las tensiones de contratación al aparecer detrás de la emisión de los bonos u obligaciones la garantía conjunta de los 27; y a menor riesgo menor prima de riesgo, y por lo tanto menor coste financiero.
Los futuros países beneficiarios tendrán que presentar unos planes de inversión y reformas en los que se plasme bien a las claras el destino de los fondos. A este capítulo, inversión y reformas, se destina la mayor parte de los créditos presupuestarios, 615.000 millones de euros, que además tienen un objetivo muy definido: la transición al cambio energético y a la revolución digital. Son las dos variables que ha elegido la Comisión para este sexenio que viene. A principios de los 90, los fondos estructurales pusieron el acento en la inversión en infraestructuras y en menor media en la reconversión industrial y en las compensaciones agrarias. La nueva Europa, sin embargo, es verde y tiene como emblema las tecnologías de la comunicación y de la información. Además de planes específicos de inversión y de reforma se exigirá que los países beneficiarios cumplan las recomendaciones que el órgano ejecutivo comunitario publica cada seis meses. Los hombres de negro han pasado a la historia. Pero no han desaparecido. Estos nuevos serán “green man” o simplemente virtuales.
Si usted es un empresario segoviano con dificultades por el maldito coronavirus probablemente se preguntará en qué le puede beneficiar todo esto. Pasemos de la macro a la micro. En el plan se establece un instrumento de apoyo a la solvencia para empresas en apuros por la pandemia. Es un fondo más endeble, de 31.000 millones de euros. Posiblemente a España le corresponda una cantidad algo inferior a los 5.000 millones de euros. Su humildad se contrarresta con un alcance temporal marcado por la inmediatez: mientras que el resto de ayudas seguramente no esté operativo hasta 2021, estas otras se enmarcarán, por pura lógica, en el año 2020.
Otra pequeña partida, de 15.000 millones de euros, se destina a fomentar la autonomía estratégica de la cadena de valor de la empresa, con subvenciones para incrementar la productividad y la competitividad; una especie de cajón de sastre, por lo tanto, en el que incluir desde ayudas para intangibles hasta las que van dirigidas a financiar la inversión en equipos y en otro tipo de dotaciones. Es probable que en España recalen unos 2.250 millones de euros por este concepto.
Son las dos últimas, partidas minúsculas en comparación con el total. La explicación se encuentra en que buena parte de las ayudas a empresas ha corrido a cargo de los Estados. Se han movilizado en Europa cerca de dos billones de euros, pero casi la mitad han sido concedidas por Alemania a sus mercantiles. España, con un 15% del presupuesto europeo, solo llega hasta el momento al 4%, y en avales. Aquí radica la diferencia.
