No es necesario hacer muchas encuestas para comprobar que la ciudadanía cada vez está más irritada contra el Gobierno de los 22 ministros y ministras. La gente comienza a manifestarse en las calles, en Madrid y en otros puntos del país. A pesar del peligro que implica, la frustración crece y se manifiesta en las calles. Hay que estar muy desesperados para correr el riesgo. Saben que están entre la pandemia y la ruina económica. No son manifestaciones organizadas por ningún partido político. Está ocurriendo en barrios de muy diferente poder adquisitivo. Son exponentes de la situación de miseria que se avecina y la escasa ayuda que obtienen del Gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias, obligados a velar por los derechos y libertades de la gente. Los establecimientos de autónomos, empresas medianas y grandes, pensionistas, funcionarios, etc., empiezan a vislumbrar la cara amarga de la pobreza, sin el amparo institucional y con la mentira de promesas incumplidas.
La población en general ha demostrado con creces que está dispuesta a hacer frente a la pandemia. Han sufrido con enorme sacrificio y sentido de responsabilidad el duro y largo confinamiento de dos meses. Lo que resulta insoportable es la mentira repetida, las contradicciones frecuentes entre ministerios, los negocios turbios que han hecho algunos a costa de la salud del resto. No pueden soportar las acciones del Ejecutivo que reducen la libertad de expresión y de movimientos ignorando el Articulo 17 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”. El Estado de Alarma permite “limitar algunos derechos fundamentales, pero no suspenderlos”; denuncia el presidente del TSJ de Castilla y León y acusa al Gobierno de “paralizar el país para fines distintos al de salvar a la población» (ABC, 14/05/2020). No es la única voz autorizada que lo denuncia. También, Consuelo Madrigal, fiscal de Sala del Tribunal Supremo (El Mundo, 4/05/2020). Estamos sometidos a un estado de excepción encubierto, que Sánchez pretende prorrogar un mes más, en contra de lo estipulado por el Art. 116. 2. de la Constitución (¿quizá, con el voto tornadizo de Arrimadas?
A todas luces, ese intento de seguir con el mando único y la ferocidad del virus facilita la deconstrucción progresiva del Estado democrático de derecho y de la Constitución de 1978. Las señales de una continua colectivización denotan un intento de pauperización creciente para trasformar la sociedad actual en una sociedad sometida y cada vez más dependiente del Gobierno social-comunista.
Además del virus, para llevar a cabo el plan de desmantelar el sistema, cuentan con una extensa red de medios de propaganda subvencionada, las encuestas cocinadas del CIS, una nutrida factoría digital de bulos y robots tan virulentos como el Covid, etc., etc. Pero sobre todo, hay otro tipo de acción más agresiva dirigida a desprestigiar los propios sectores de producción que debían proteger. Los especialistas son los titulares de la vicepresidencia y de algunos ministerios comunistas. Así, sin ir más lejos, el 15 de mayo, ante la Comisión de Consumo del Congreso el ministro del ramo, el comunista de Izquierda Unida Garzón declara en contra del turismo y la hostelería, a los que tacha de “bajo valor añadido” (El Adelantado, 16/05/2020). Y ¿cuál es el valor añadido de este ministro que ataca a quienes debiera proteger y por lo que cobra un sueldo inmerecido? Es evidente que quiere aplicar el programa castrista y bolivariano contra la propiedad privada, mientras él disfruta de unas desahogadas rentas. Es de suponer que los representantes de IU en el Ayuntamiento seguirán fielmente la consigna de su cabecilla. ¿Piensan “disparar” contra los sectores agrícolas, hostelero y turístico segovianos? También en la misma línea de sovietización la ministra de Trabajo ha ofendido gravemente a los empresarios agrícolas con un cuestionario sobre las condiciones del alojamiento de los empleados, insinuando una especie de régimen de esclavitud. El vicepresidente de Derechos sociales, más conocido por marqués de Galapagar, ha demostrado su desinterés por las residencias de ancianos, donde han muerto la mitad de los 27.450 fallecidos por el Covid-19 en España. No consta que haya visitado alguna residencia u hospital; tampoco el presidente “doctor” Sánchez.
No es de extrañar que crezca la indignación a lo largo y ancho del país. Hace tiempo que la desconfianza se ha instalado en la sociedad, a la que sigue la indignación y de ahí a la cólera hay un paso. Cada vez hay más negocios que se cierran y aumentan la longitud de las colas ante los comedores y centros solidarios de alimentos. La presión crece, como el agua que hierve en una olla. Por cierto, cada vez hay más balcones y paseos en todo el país que demuestran su indignación haciendo sonar las cacerolas, como un grito de reprobación contra la insolvencia intencionada del Gobierno Frankenstein; cada vez más aterrador.
