Sin duda alguna, lo importante es acabar con la crisis sanitaria del coronavirus. Reducir al mínimo las muertes y volver a la normalidad cuanto antes con el resto de los enfermos. Pese a que la comunicación sanitaria de esta epidemia ha sido ejemplar, se ha creado una psicosis de tal calibre -medios de comunicación, especialmente las televisiones, redes sociales, fake news, etc.- que, junto con una cierta inacción del Gobierno, que permitió la manifestación del 8-M y al día siguiente prohibió casi todo, ha provocado una alarma de gravísimas consecuencias presentes y futuras. Lo mismo podríamos decir de la Unión Europea, lenta, tardía y con medidas económicas de corto alcance. De momento, prácticamente España parece colapsada, la gente desconcertada, las empresas improvisando soluciones y todos con un horizonte de grave preocupación.
Somos vulnerables, enormemente vulnerables, y un “bichito” en China pone en cuarentena a miles de millones de habitantes en todos los países del mundo. Y no tenemos respuestas sanitarias inmediatas. Con todo, lo segundo más importante es saber quién va a pagar la factura de esta crisis. Una factura difícil de calcular sobre todo si dura varias semanas o meses. Las empresas han reaccionado con mayor rapidez que los Gobiernos central y autonómicos, readaptando sus métodos de trabajo, utilizando el teletrabajo -lo que les ha obligado a modificar sus sistemas informáticos en tiempo récord para no dejar de dar servicio a los clientes-, pero en todo caso con un coste añadido y un rendimiento que habrá que evaluar. Se han suspendido Congresos, eventos como las Fallas, juntas de accionistas, vuelos, prácticamente la totalidad de las competiciones deportivas -celebrarlas a puerta cerrada, es a efectos económicos, casi lo mismo que suspenderlas- y todo eso va a tener unas serias consecuencias económicas. En varias autonomías se ha suspendido toda la actividad escolar y eso no solo plantea problemas a los padres, sino también problemas para los proveedores de esos colegios -los comedores, los autobuses, las actividades extraescolares- que los padres no deberían pagar pero los colegios sí o que, en el peor de los casos, provocarán problemas a las empresas que los suministran (despidos, retrasos de pagos, cierres…).
La crisis va a tener consecuencias graves en el empleo en casi todos los sectores productivos; en el pago de las hipotecas -el Gobierno ya debería haber aprobado alguna medida-; en el sector financiero, como demuestra la caída de las Bolsas y la paralización de las inversiones; de forma especialmente grave en el sector turístico; en el sector de seguros con la avalancha de reclamaciones que se prevé; en el de la Justicia, con nuevos aplazamientos que harán más lenta la respuesta judicial; por supuesto en el sector sanitario, sobrecargados sus profesionales que, a pesar de ello, están teniendo una respuesta sobrehumana.
Este Gobierno, que seguramente tendrá que prescindir de aprobar unos Presupuestos para 2020, tendrá que aparcar otros problemas menos importantes y ser creativos en la respuesta al coronavirus y sus consecuencias. Para eso necesita trabajar junto con la oposición y con las comunidades autónomas, también con la sociedad civil, para acordar medidas y planes de consenso. Y apelar juntos a la responsabilidad de todos. Solo así se podrá frenar el virus del pánico, que, seguramente es tan contagioso y perverso como el coronavirus.
