El presidente Sánchez proclamó que éste era un Gobierno de diálogo, pero no dijo que el diálogo, si solo es eso, es pura fachada sin nada detrás. Si del diálogo no surgen acuerdos, cesiones y renuncias solo es hablar por hablar. Ya veremos lo que pasa en el caso catalán. Pero en el educativo, que es, en mi opinión, mucho más trascendente, se ha perdido por enésima ocasión, la gran oportunidad de construir un sistema con futuro, pensando en los estudiantes y no en las ideologías de cada uno. Llevamos, ocho grandes reformas educativas en democracia, cinco impulsadas por el PSOE, una por UCD y dos por el PP. Todo el sustrato actual de la educación en España es socialista porque las reformas del PP o no se llegaron a aplicar o fueron eliminadas por el siguiente Gobierno socialista. Nunca el PP o el PSOE quisieron un pacto escolar, un pacto de Estado. El resultado es éste: una enseñanza de baja calidad, un alto índice de fracaso y abandono escolar, profesores desmotivados a los que se ha quitado autoridad y una renuncia de todos los Gobiernos a la alta inspección del Estado, lo que ha provocado unas importantes diferencias según se estudie en un lugar o en otro.
Ahora la ministra Celáa ha sacado del cajón la ley que no pudo aprobar en la anterior legislatura, ha dialogado con todos los sectores (aunque no ha cambiado ni una coma -entre otras cosas para obviar el dictamen del Consejo de Estado y el del Consejo Escolar-) y ha reenviado la ley al Congreso. Una ley con cosas buenas -especialmente un año de prácticas pagadas para los profesores, algo así como un MIR pero insuficiente, y evaluación de los docentes- y muchos objetivos ideológicos: eliminar el derecho de los padres a elegir centro educativo, borrando el criterio de “demanda social” y reasignando a los escolares por criterios políticos, cerco y persecución a la concertada, reducir a la nada la enseñanza de la religión -no solo la católica, todas-, mirar hacia otro lado cuando se viola el derecho a estudiar en castellano, facilitar el paso de curso con asignaturas suspensas -así se maquilla el fracaso escolar- y hasta la concesión del título de Bachillerato con una asignatura suspensa. Aunque la ministra habla de libertad y de igualdad, lo cierto es que lo opuesto a la libertad es la escuela única y pública que es lo que, si pudieran, impondría este Gobierno social-comunista. Hay que tener en cuenta que Celáa -que dijo que “elegir colegio no entra en la libertad de enseñanza” o que “los padres no son dueños de sus hijos”- representa la moderación frente al ala podemita del Gobierno.
Si no hay cambios a cuenta de las elecciones catalanas, este Gobierno sacará adelante la nueva Ley de Educación y la impondrá a todos. Sin consenso real. Los resultados, previsiblemente, no mejorarán los daños de fondo que han hecho leyes como la LOGSE o la LODE y puede que hasta reduzcan a casi nada la escuela concertada -que fue una creación del PSOE de antes, el de siempre-. Pero será pan para hoy y hambre para mañana en un terreno absolutamente sensible, la formación de los ciudadanos. La existencia de modelos educativos distintos en una sociedad plural es básica si queremos garantizar la libertad y una educación de calidad. Necesitamos buenos profesores, los mejores, pero también que cualquier reforma se haga no hablando de ellos sino con ellos. O creamos un clima de consenso sobre la educación o, seguramente, en pocos años, tendremos otra ley que cambie todo para que todo siga igual. Eso sí que es un clamor social.
