Tienen razón los jueces en estar preocupados por la deriva política en el asunto catalán. Si no hubiera sido por ellos, posiblemente los políticos que iniciaron un proceso de rebelión frente al Estado nunca hubieran pagado un precio por su violación consciente de las leyes. Más aún: los mismos políticos que no hicieron nada por evitar el conflicto están sentando en una mesa, de igual a igual, a quienes trataron de saltarse la Constitución y prometen repetirlo. Y resulta alarmante para muchos ciudadanos que, en el cumplimiento de sus condenas, se compruebe que no todos los ciudadanos, como marca la Constitución, son iguales ante la ley. Si yo estuviera encarcelado, pediría que se me aplicaran los mismos “beneficios penitenciarios” que los políticos catalanes y poder salir, al menos, media semana a “trabajar”. Posiblemente las cárceles españolas se quedarían medio vacías.
Tienen razones los ciudadanos para pensar que la Mesa de diálogo de Sánchez y Torra, al margen de una bofetada al constitucionalismo, es solo una manera de disfrazar el problema —lo de una reunión mensual, sin jefes, es de opereta— y asegurar la continuidad de Sánchez e Iglesias en Moncloa. Evidentemente a cambio de un precio que cobra ERC. Puede que el objetivo sea dividir al independentismo, pero como a Junqueras les salga mal y Puigdemont se refuerce, Sánchez puede quedarse colgado de la brocha y el problema no se enquistará sino que hará explosión. El principal problema de esa “negociación”, al margen de hablar de lo que no es negociable, es que se ha dejado fuera a la mitad de Cataluña –la verdaderamente marginada– y a la mitad de España, cuyos votos, sin embargo, son imprescindibles para que cualquier acuerdo pueda ser viable.
Y ahí radica el problema de fondo. En el precio que Sánchez está pagando —transferencias al País Vasco, concesiones a la Generalitat, ceses de profesionales de la Administración incómodos para los independentistas—, en la inmunidad y en la discrecionalidad del poder y en el intento cada día más obvio de tratar de apartar a los jueces del conflicto, controlando ese poder. El excelente magistrado José Ramón Chaves ha resucitado la memoria de ese gran jurista que fue Eduardo García de Enterría quien sostenía que “el poder administrativo es de suyo un poder esencial y universalmente justiciable”. Y el propio Enterría, en una conferencia a los estudiantes de Derecho, casualmente, de la Universidad de Barcelona, terminaba con esta cita a Tocqueville que no me resisto a copiar:
“Es de la esencia del poder judicial ocuparse de intereses particulares y dirigir complacidamente sus miradas sobre los pequeños objetos que se presentan a su vista; es también de la esencia de ese poder, si no acudir por sí mismo en auxilio de aquellos que son oprimidos, estar sin desmayo a la disposición del más humilde de ellos. Por débil que se le suponga a éste, puede siempre forzar al juez a escuchar su reclamación y a responder a ella.
Tal poder es por ello especialmente aplicable a las necesidades de la libertad en un tiempo en el que el ojo y la mano del soberano se introducen sin cesar en los más pequeños detalles de las acciones humanas, y donde los particulares, demasiado débiles para protegerse por sí mismos, están también demasiado aislados para poder contar con la ayuda de sus semejantes. La fuerza de los tribunales ha sido, en todos los tiempos, la más grande garantía que se puede ofrecer a la independencia individual, pero esto es, sobre todo verdadero, en los siglos democráticos; los derechos y los intereses particulares estarían siempre en peligro si el poder judicial no creciese y no se extendiese a medida que las condiciones se igualan”. Por eso es tan importante que los jueces sigan siendo libres e independientes y puedan soportar las presiones de la política.
