Vivir del campo es un mal vivir. La España campesina ha dicho basta y el Gobierno teme que lo que empezó en Extremadura curse a la manera de los “chalecos amarillos” de Francia. Agricultores y ganaderos han iniciado una rebelión que no terminará hasta que el Gobierno ofrezca algo más que palabras para solucionar sus problemas. El primero de todos la diferencia brutal de precios de los productos agrarios entre lo que se paga en origen y lo que le cuestan al consumidor en las grandes superficies.
Los políticos hablan de la España vaciada —el título del libro hizo fortuna— y se pierden prometiendo banda ancha como panacea para que los jóvenes que todavía viven en el campo no emigren a las ciudades. Los agricultores y ganaderos reclaman precios dignos para sus productos. Equilibrar el proceso reclama la implicación de intermediarios, industrias de transformación y puntos finales de venta. Pero no bastará con pagar unos pocos céntimos más el kilo de patatas o el litro de leche —que sería lo justo— porque cuando un agricultor inicia su jornada, además de mirar al cielo oteando el despertar del día y barruntando sobre los efectos dañinos del cambio climático, sabe que todo son gastos y todo se ha encarecido en los últimos años: el recibo de la electricidad para mover los sistemas de riego; el coste de la maquinaria, los seguros de las cosechas, los combustibles, los fertilizantes y los impuestos. Han llegado en tractor hasta sede del Ministerio de Agricultura pero podrían seguir su marcha plantándose ante el Ministerio de Hacienda. Todo sube menos los precios de los productos agrarios. Los agricultores españoles que cumplen con los protocolos de Sanidad y demás normas de la Unión Europea sufren la competencia de los productos procedentes de países como Marruecos en los que los salarios que cobran los trabajadores del campo son mucho más bajos. Aquí, hace un año, el Gobierno subió un 22,3% el salario mínimo y hace dos semanas lo ha vuelto a subir. En el campo el efecto de la subida ha sido inmediato: el número de parados ha crecido de manera significativa. Tanto como para encender las alarmas en los gobiernos autonómicos. Desde la ciudad cuesta entender las dureza de la vida de los agricultores. Si se han echado a la carretera es porque están hartos. “Estamos orgullosos de nuestros agricultores y ganaderos”—dijo la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda. Los problemas de nuestros agricultores no se arreglan con ditirambos. La suya es una causa justa.
