Ya escribí que para ser presidente del Gobierno o alto cargo, la ley exige no solo honorabilidad, que se da por supuesta, sino también “la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar”. Quienes han aprobado esa ley y tienen la máxima obligación de cumplirla y hacerla cumplir, se la saltan a la torera sin ningún remordimiento. Y no pasa nada. Hay ministros que lo son porque la cartera les ha tocado en una tómbola y secretarios de Estado, como la de Deportes, que pueden tener carné de espectadora, pero ninguna experiencia ni “formación adecuada” para el cargo que va a desempeñar. O la de Migraciones, cuya única relación con el asunto es haber sido intérprete en un centro de Desarrollo de Políticas Migratorias. No critico, su capacitación y su currículo, que son importantes, sino su desconocimiento de las materias de las que se van a tener que ocupar. Y en muchos casos, no necesariamente en estos dos, la falta absoluta de experiencia en la gestión de empresas privadas o públicas. Y no es nuevo, lo han hecho todos los Gobiernos que hemos tenido. Lo cual no significa que sea correcto ni legal.
¿Cuántos millones cuesta la creación de nuevos Ministerios, la división de otros, la búsqueda de nuevas sedes y despachos para los nuevos Ministerios y para los ministros? ¿Cómo se justifica la eliminación de muchas Secretarías de Estado y Direcciones Generales para ser sustituidas por otras? ¿Cómo la división artificial de dos Ministerios para luego crear un órgano de coordinación entre ambos? ¿Cuánto tirar toda la papelería y sustituirla por otra nueva? ¿Cuánto el cambio de secretarias o secretarios, funcionarios, directorios, etc.? ¿Cuántas empresas públicas van a cambiar de presidente o de director general, de altos directivos y hasta, como en los Ministerios y en algunas Secretarías de Estado, de director de Comunicación? ¿Es necesario, en tiempos de austeridad, cuando se está hablando de hacer frente a los derechos sociales, multiplicar la burocracia? Por ser suaves es, cuando menos, una grave falta de responsabilidad y un gasto, con el dinero de los contribuyentes, innecesario.
Habría que hacer una profunda reforma de la Administración. Profesionalizarla, hasta el máximo nivel porque hay excelentes funcionarios con experiencia, regular estrictamente los nombramientos en las empresas públicas y limitar la discrecionalidad de los ministros y altos cargos. Y acabar por supuesto con esa barbaridad que supone que el presidente del Gobierno gane menos que otros altos cargos de su propio Gobierno, y, por supuesto, mucho menos que otros altos cargos del Estado. O que los secretarios de Estado ganen más que los ministros. Y, en todo caso, todos mucho menos, de lo que, por su responsabilidad y por comparación con los sueldos de la empresa privada, les corresponde. Poner un sueldo acorde con esas responsabilidades, al margen de ayudar a evitar tentaciones, dignificaría los cargos de responsabilidad.
Y, finalmente, habría que regular también la compatibilidad de cargos entre familiares. Hay que creer en la honorabilidad de las personas y defender sus derechos. Pero quienes criticaron que Ana Botella ocupara cargos públicos, callan ahora cuando hay parejas de ministros en el Gobierno o en el Gobierno y en el Congreso o cuando una vicepresidenta presiona al presidente de una empresa pública para que no interfiera en las recomendaciones de un organismo donde, casualmente, su marido manda mucho. No solo hay que ser sino también parecerlo.
