Pedro Sánchez se la juega en Cataluña. Si las cosas siguen así el próximo 10 de Noviembre habrá ciudadanos que cambien el destino de su voto optando por apoyar a quien crea que puede desplegar una política capaz de restaurar el orden público y la convivencia en aquella comunidad. La escalada con trazas insurreccionales que se está produciendo en Cataluña ha cambiado de raíz los planes que tenía Sánchez para afrontar los comicios.
El relato de Iván Redondo se ha quedado viejo, desfasado. La exhumación de los restos de Franco pasará a un segundo plano. Lo mismo que toda la dialéctica acuñada para advertir de los peligros del “trifachito”. Agitar el fantasma de Vox ya no reportará rédito. Ni tampoco argumentar sobre las fortalezas de nuestra economía porque de todos es sabido que viene otra etapa de vacas flacas. Va a ser, ya digo, Cataluña. El orden público. Caído el mito del independentismo pacifista, el desafío de los separatistas radicales atacando a los policías, paralizando trenes y autopistas de manera violenta está generando la imagen de una pérdida del control de la situación.
Mientras el ministro del Interior Grande Marlaska alaba la coordinación ente los “Mossos” y los policías nacionales y guardias civiles destacados en Cataluña, lo que la gente sufre o ve por la televisión es que las protestas que se iniciaron tras la publicación de la sentencia contra los condenados por sedición no han sido improvisadas. La cosa viene de atrás. El llamado “tsunami democràtic” no es espontáneo. Quienes lo han puesto en pie y se mantienen en el anonimato están dejado demasiadas pistas y algunas señalan hacia el núcleo de dirigentes independentistas que desde dentro (Torra) y desde fuera (Puigdemont) alientan las movilizaciones. El propio Torra ha participado en alguna de ellas.
La conducta abiertamente esquizofrénica del presidente de la “Generalitat” —con una mano alienta a los manifestantes y con la otra envía a los “Mossos” a reprimirlos— no ha tenido hasta la fecha una réplica contundente -y por lo tanto creíble- de Pedro Sánchez. El Presidente del Gobierno en funciones tiene ante sí un dilema: activar o no la Ley de Seguridad Nacional que trasladaría al Ejecutivo la coordinación de “todos” los cuerpos policiales. Incluidos los “Mossos”.
Si da el paso —como reclaman Pablo Casado y Albert Rivera— a partir de ahí, tendrá que asumir la responsabilidad política de la represión de los disturbios y de las algaradas de los manifestantes. Tendría un coste político. Si no lo hace y el “tsunami” prosigue y se hace con la situación el coste electoral para el PSOE podría arruinar los cálculos de victoria que ahora manejan en La Moncloa. Ése es el dilema. Ya digo, Sánchez se la juega en Cataluña.
