Como era previsible la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio contra los políticos catalanes implicados en el llamado «procés» ha provocado todo tipo de comentarios. Los más, disconformes. Entre los independentistas porque reclamaban la absolución -ya se sabe en qué mundo de ficción están instalados-. Pero tampoco ha convencido a quienes señalaban a los procesados como autores de un delito de rebelión. Que las sentencias que aparejan penas de prisión severas -13 años para Junqueras, la mayor; 9 la de menor duración, para los «Jordis»- hayan coincidido con las peticiones formuladas por la abogacía del Estado ha dado pie a no pocas suspicacias. Se ha recordado el episodio de la destitución de Edmundo Bal al frente de esta institución por negarse a firmar el escrito de calificación de lo sucedido rebajando el tipo penal de rebelión a sedición.
La filtración de la sentencia -algo por otra parte muy habitual en España aunque del todo punto indefendible- no ha contribuido al necesario ambiente de sosiego que debiera ser lo propio de un Estado de Derecho ante un proceso judicial de tanta trascendencia. A medida que han ido transcurriendo las horas cristalizó la imagen de que estamos ante una «sentencia salomónica». Es una forma más de criticar el trabajo riguroso de un tribunal que hasta ahora -y con la excepción de los separatistas, parte desde luego interesada-, había gozado de rara coincidencia en el elogio por su actuación durante del proceso. En el intento de explicar el fallo por unanimidad y la ausencia de votos particulares se ha especulado con que ése había sido en todo momento el objetivo del juez Manuel Marchena preocupado como estaba por reducir los flancos de la sentencia que pudieran ser objeto de recurso ante los tribunales europeos.
Queda por analizar la parte política del caso. Las repercusiones y efectos colaterales que puede desencadenar visto que nos encontramos en un período de campaña electoral en circunstancias de fragmentación partidista nunca antes vista. Tanto Pablo Casado como Albert Rivera han emplazado a Pedro Sánchez a comprometerse a no conceder el indulto a los condenados. Es una exigencia cargada de intención visto que al decir de las encuestas el 10N ningún partido conseguirá mayoría suficiente para gobernar sin contar con el apoyo de otros. Incluidos los que promueven el independentismo. El mensaje de Quim Torra, presidente de la Generalitat, rechazando una sentencia que considera un «acto de venganza» y proclamando que persevera en el objetivo separatista, anuncia nuevos conflictos.
