Estamos en vísperas de conocer la sentencia más esperada de los últimos tiempos. En los ambientes judiciales madrileños se habla de la próxima semana y más concretamente del jueves día 10 como la fecha en la que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que preside el juez Manuel Marchena podría dar a conocer la sentencia del proceso en el que fueron juzgados los 12 dirigentes políticos catalanes acusados de haber planeado en mayor o menor grado un acto de rebelión o sedición -ahí reside el busilis del asunto- aprovechándose, en algunos casos, de su condición de cargos públicos.
Los delitos que se les imputan son muy graves y sea por rebelión o, lo más probable, por sedición, las penas serán elevadas. No para todos, pero sí para los más señalados que serían Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la “Generalitat”, Jordi Turull, ex consejero de Presidencia, Carmen Forcadell, ex presidenta del “Parlament”, el líder de la ANC, Jordi Sánchez, y el Omnium Cultural, Jordi Cuixart.
Pronto saldremos de dudas y veremos si se cumplen los pronósticos porque cabe recordar que a la serenidad, firmeza y dominio del procedimiento acreditado durante el proceso por el juez Marchena, cabe añadir que durante los meses transcurridos desde que el juicio nada se ha filtrado respecto del contenido de la sentencia y todo son conjeturas.
En cualquier caso sea cual sea el rango de las penas lo que ya se sabe es que el movimiento separatista tiene anunciada una agenda de respuesta. Una hoja de ruta que anuncia actos de desobediencia civil de diferente calado. Van desde el corte de carreteras a una llamada a la huelga sin excluir algún que otro acto de sabotaje a determinadas infraestructuras. El propio Quim Torra, presidente de la “Generalitat”, viene calentando el ambiente con discursos que no se compadecen con su condición de primer representante del Estado en Cataluña. Pero es lo que tenemos sobre el escenario.
Ante semejante panorama, aunque esté en funciones, es obligación del Gobierno de España garantizar la libertad de todos los ciudadanos protegiendo los derechos de los catalanes que no son separatistas y que no tienen porqué ver alteradas sus vidas y rutinas cotidianas por obra de quienes abiertamente amenazan con actuar fuera de la ley. Que la publicación de la sentencia se vaya a producir a un mes vista de las elecciones no debería incitar a los partidos políticos que defienden la Constitución a interpretarla en clave de munición electoral. De eso ya se ocuparan los separatistas y algunos compañeros de viaje.
