Hace poco más de un año, en junio de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez se estrenaba con un gesto humanitario, la acogida de los inmigrantes del Aquarius, que Italia rechazaba y que ningún país europeo quería acoger. Para muchos fue un gesto de marketing, como tantos del presidente desde entonces- pero solucionó un problema real y dio esperanzas a muchos inmigrantes que huyen de la miseria, la guerra, la violencia o las agresiones sexuales. Desde entonces ha habido varios intentos -algunos del propio Gobierno español, siempre del italiano- para varar en puerto a los barcos que se dedican a salvar los inmigrantes que están a punto de morir en la travesía del Mediterráneo. No lo han conseguido. El Open Arms, un barco español y bajo bandera española, el Ocean Viking y algún otro están desafiando la inoperancia y la impudicia de los gobiernos europeos al no querer afrontar un problema capital para el futuro de la Unión. El cierre de puertos y la omisión de ayuda pone en entredicho los principios de la constitución de la Europa actual: la defensa de los derechos humanos no solo de los europeos.
Ahora mismo, más de 325 personas rescatadas en el Mediterráneo por los dos barcos citados, esperan un puerto donde desembarcar. Las condiciones en el barco son de emergencia, pero nadie les quiere dar acogida. El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, que acaba de dinamitar el Ejecutivo del que forma parte para tratar de ganar cuota de poder, en un ejercicio reiterado de desprecio hacia los inmigrantes y sus tragedias acaba de decir que les lleven a las islas de Ibiza o Formentera «para que se diviertan». Las instituciones europeas han callado ante una nueva provocación que puede tener graves consecuencias. Nuestro ministro de Fomento y mano derecha de Sánchez, José Luis Ábalos, en otro ejercicio de cinismo se ha lavado las manos y ha dicho que «le molestan los abanderados de la humanidad que no tienen que tomar nunca una decisión, los que creen que solo ellos salvan vidas desde el ámbito privado. Nosotros -apunta- lo hacemos a través de Salvamento Marítimo, que no pone un barco sino bastantes más y que rescató el año pasado a 50.000 personas en el mar». No dijo lo mismo hace catorce meses, porque entonces el objetivo era otro: dar una imagen de gobierno acogedor, único en Europa, progresista, defensor a ultranza de los derechos humanos. Para Sánchez, aquello fue una acción «que hace que piense que vale la pena dedicarse a la política». Pura mentira. Ya le han contestado ciudadanos anónimos: pagamos nuestros impuestos para que el Gobierno apoye a los más desprotegidos. Voces que resuenan en el vacío.
Pietro Bartolo, médico que tratado a miles de náufragos en Lampedusa y hoy eurodiputado, ha sido más claro: «hoy, quien salva a una persona se ha convertido en delincuente». Les están convirtiendo en delincuentes los gobernantes europeos, Sánchez y Ábalos incluidos. O nuestra vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha dicho que «España no es el puerto más seguro». Lo era en junio del 18 y no lo es hoy, ¿qué ha cambiado? Solo la posición del Gobierno español que hoy no puede sacar réditos de una acción humanitaria. Un Gobierno que mantiene las concertinas en las fronteras con Marruecos, cuya política sobre los menores no acompañados está provocando su criminalización, que no ha mejorado la situación de los CIEs y que ha descargado en Marruecos el freno a la llegada de inmigrantes. Eso se llama, simple y llanamente, hipocresía.
