Durante el franquismo, una de las instituciones que más echábamos en falta quienes deseábamos que España se homologara a las democracias europeas de nuestro entorno eran los partidos políticos.
La Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958, en el Principio VIII, determinaba “la participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general a través de la familia, el municipio y el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes”. Consideraba ilegal “toda organización política de cualquier índole al margen de este sistema representativo”. Los partidos políticos, fuera del partido único, estaban expresamente prohibidos.
Sobre la denominación misma de “partidos políticos” pesaba como una especie de anatema. Cuando se produjeron conatos de apertura del régimen franquista, se habló tímidamente de “asociaciones” y de “asociacionismo” para no incurrir en el proscrito nombre de “partidos políticos”.
La Constitución Española de 1978 dedica un artículo, el 6 del Título Preliminar, a los partidos políticos: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
Este reconocimiento expreso de los partidos políticos en nuestra Constitución ha sido uno de los pilares en los que se ha asentado nuestra democracia, perfectamente asimilable a la de otros países con larga tradición democrática.
¿Qué ha ocurrido para que, en el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la política se haya convertido en la segunda preocupación de los españoles, solo aventajada por el paro? ¿Y cómo es posible, aunque este dato no es nuevo, que ni uno solo de los líderes de los partidos políticos apruebe a juicio de los encuestados? Ni siquiera el presidente del Gobierno en funciones, tan mimado por el presidente del CIS, su correligionario José Félix Tezanos, consigue el aprobado.
Varias causas han contribuido al desprestigio de los partidos políticos y de sus máximos dirigentes.
Durante años se han turnado en el ejercicio del poder dos partidos, uno de derechas, la UCD de la transición, más tarde sustituida por el PP, y otro de izquierdas, el PSOE. Este bipartidismo empezó a hacer aguas con la crisis económica de 2008 y la aparición de nuevas formaciones políticas como Podemos y Ciudadanos, que aspiraban a renovar el funcionamiento de la vieja política, lastrada según estas formaciones por una falta de representatividad, por no dar cauce a los intereses de los ciudadanos, de la “gente”, y por casos flagrantes de corrupción.
Los partidos tradicionales y hegemónicos no cumplirían los requisitos que les asigna la Constitución: expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y, no en último término, que su estructura interna y funcionamiento deberían ser democráticos.
Mientras que la corrupción costó a Mariano Rajoy una moción de censura y ser desalojado del Gobierno, los casos de los ERE y de los cursos de formación en Andalucía no parecen haber causado la misma erosión en el PSOE a nivel nacional, aunque es cierto que el PSOE andaluz fue sustituido en la Junta por una coalición de PP, Cs y Vox.
A todos estos antecedentes ha venido a sumarse, después de las elecciones generales del 28 de abril, el lamentable espectáculo de negociaciones y pactos que distan mucho de responder a lo expresado por los votantes en las urnas y demuestran más bien intereses partidistas y ambiciones personales.
Así que, transcurridos más de dos meses desde las últimas elecciones generales, aún no se ha producido la investidura de Pedro Sánchez ni la formación de un nuevo Gobierno.
Hubo quien aseguró, cuando en 2016 hubo que repetir elecciones después de un año entero sin Gobierno, que tal vez esto probaría lo innecesario de los gobernantes políticos, pues el país había seguido funcionando sin ellos, gracias a la labor menos llamativa de los técnicos y funcionarios en los distintos departamentos.
A la vista de la inoperancia de los gobiernos apoyados por los partidos de turno, incapaces de resolver los problemas de la Nación, quizá podríamos ahorrarnos sus nada desdeñables emolumentos y confiar la solución de tales problemas a expertos tecnócratas sin adscripción ideológica o, al menos, sin militancia declarada.
Contemplando el panorama de los partidos políticos, escuchando las declaraciones de sus líderes y observando sus actuaciones, muchos nos sentimos huérfanos de unos representantes cualificados. Léanse esos dirigentes el Artículo 6 de la Constitución y cumplan los requisitos que en él se exigen a los partidos políticos.
