Hagamos una comparativa sobre las cifras de armamento existente en manos de civiles en los países del denominado “Occidente”: teniendo en cuenta la proximidad, las circunstancias sociales, normativas parecidas al respecto, y limitándonos simplemente al contexto europeo; España estaría “a la cola”. Estaríamos muy por detrás de países como Alemania o Francia, que triplican respecto a España las licencias de armas concedidas teniendo en cuenta un cálculo del porcentaje sobre el número de armas por cada cien habitantes. Por delante de estos, estarían “los idealizados países nórdicos” y algunos otros de la antigua órbita soviética hoy integrados en la Unión Europea, y por supuesto, casi todos aquellos países cuyo pasado más próximo ha sido estigmatizado por la violencia de la guerra… Hasta ahí los datos objetivos.
La tenencia de armas en nuestros domicilios es algo que no nos resulta ajeno. La cercanía de un tiempo en el que la sociedad española mantenía un mayor contacto con el ámbito rural y las actividades tradicionales vinculadas al mismo, concretamente la caza, dan buena muestra de ello. Han significado durante mucho tiempo y en muchos casos una herramienta más para la obtención de recursos y como tales, se fueron heredando dentro de la familia hasta que, de la mano de los cambios socioeconómicos, la limitación, el acoso y derribo de las actividades cinegéticas y lo estricto de las normativas, se les ha ido perdiendo el apego y muchas quedaron relegadas al depósito de los cuarteles o colgadas sobre las chimeneas una vez inutilizadas. A pesar de ello, hay quienes opinan que ya hay demasiadas armas diseminadas entre la población civil, considerando ese hecho por sí solo, un riesgo o un motivo de intranquilidad y también quienes, cada vez con más fuerza, apelan a su tenencia para preservar la seguridad del ámbito doméstico; ahí está el debate novedoso.
No creo que haya muchos ciudadanos que no estén de acuerdo con que Policía y Guardia Civil son suficiente garantía para velar por la seguridad personal y las propiedades de los ciudadanos. Para incrementar esa confianza y mejorarla, el Estado debería tener siempre como prioridad estratégica el dotarles de efectivos y medios suficientes para ello. El debate de las armas surge, cuando la sociedad pueda tener la percepción de que ambos cuerpos se puedan ver desbordados en algunas circunstancias, como por ejemplo, el aumento de contextos donde la población y las propiedades estén diseminadas en demarcaciones muy extensas; las comarcas de la provincia sin ir más lejos. Poniéndome en la piel de mis compañeros, debo insistir en la importancia que tiene el número de efectivos y de los medios adecuados en el desempeño eficaz del servicio. Somos muchos quienes pensamos que la presencia policial no solo no tiene nada de malo en un Estado de Derecho, además, en la mayoría de circunstancias es un consuelo. Su simple presencia, muy (muy) lejos de referirme a “la estética de un estado policial” o a la estricta observación del rol sancionador, siempre tendrá un evidente efecto disuasorio para la delincuencia.
Hoy en día se debate acerca de ciertos episodios, vividos por ciudadanos, que han visto su domicilio asaltado con el riesgo que eso significa para su familia o su propia vida. Que temiendo las angustiosas consecuencias, y de la mano de un instinto irrefrenable de supervivencia, han podido hacer uso de las armas que de manera legal tenían en pertenencia. Después, a pesar de apelar a lo que en otros lugares del mundo se entiende como legítima defensa, se ven inmersos en la incertidumbre que les genera la propia Justicia a la hora de aplicar e interpretar la legislación vigente, que es la misma que debería servir para persuadir al delincuente (recuerden). En uno de mis anteriores artículos de opinión titulado “La proporcionalidad de los medios”, concluyo que parte de esa percepción de indefensión o desprotección a la que se pueda ver sometida la sociedad, viene como consecuencia del escaso poder disuasorio que las leyes tienen en general para la delincuencia.
Si la sensación de seguridad debe percibirse o de lo contrario no existe, lo mismo pasa con las leyes y la polémica del endurecimiento de las penas; si no se perciben respuestas contundentes, de entrada habrá quien siempre contemple en el delito una gran rentabilidad frente al posible castigo.
Finalmente todo se resume a una Legislación más firme con esas situaciones de delito contra las personas y una Policía o Guardia Civil con los efectivos y los medios necesarios, porque si el ciudadano ve comisarías de efectivos en cuadro de o los cuarteles de los pueblos cerrados, tampoco puede hacer de su casa un bunker, pero imagínense estar viviendo con la angustia del asalto. Así que una manera de terminar con la polémica de las armas a lo mejor es esta; más presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado… aunque ya sabemos que “mucha policía” para algunos es sinónimo de “poca diversión”.
