El Gobierno decidió el viernes aprobar dos nuevos decretos. Los llaman sociales, pero son únicamente electorales. Ya en tiempo de descuento, Sánchez ha decidido abordar dos asuntos con medidas que no servirán a los fines que se pretenden. Más bien crea nuevas trabas a la contratación y menos oferta de pisos en alquiler, lo que subirá más los precios. Es lo que tiene hacer electoralismo sin consultar a los sectores implicados o sencillamente a los expertos en las materias.
El pretendido decreto de bajada de precios del alquiler, como dijo ayer en ‘Economía para todos’ el experto Ruiz Bartolomé, es solucionar un problema social a costa de los que durante su vida han ahorrado e invertido. Es evidente que, si hay un problema social, y lo hay, gente en paro o con pocos recursos que no puede pagar el alquiler de la vivienda, la solución no puede caer sobre los hombros de los propietarios de esas viviendas. Tendrán que ser las Administraciones las que se ocupen, las que se ocupen de que haya un parque de vivienda social que cubra esas necesidades. Muy al contrario, el Gobierno ha decidido que los arrendadores no puedas subir el alquiler más allá del IPC, amplíen los plazos del contrato y de preaviso de finalización del mismo, bajen las fianzas y no puedan instar el desahucio por falta de pago en plazos aún más largos.
Además, no sólo es injusto hacer recaer un problema social en los propietarios, sino que el fin último del decreto, bajar los precios, no se logrará. Ni un sólo experto del sector lo aventura. Más bien al contrario, creen que reducirá aún más la oferta y subirán más los precios. Y, como ya pasó con el anterior decreto que finalmente no logró los apoyos necesarios, se abre paso la inseguridad jurídica. ¿También este último decreto durará días en vigor? Ni el gobierno sabe si cuenta con los apoyos suficientes para la convalidación del decreto. Si no es así, ¿qué ocurrirá en el mercado del alquiler en los próximos días? Otra irresponsabilidad que pagarán caro miles y miles de ciudadanos.
