Ni Cataluña ni Franco deberían centrar el gran debate electoral que se nos avecina, por mucho que el problema catalán sea uno de los más graves que ha sufrido España en estos cuarenta años de democracia y libertades y Franco haya sido una bandera de Sánchez para motivar a la izquierda que no olvida. Si los socialistas siguen acusando a Rajoy y al PP de haber hacho crecer exponencialmente el independentismo —olvidando intencionadamente el papel de todos los Gobiernos de España en mirar hacia otro lado, mientras Pujol y Más creaban un monstruo—, entre Sánchez y el independentismo han logrado resucitar tanto el franquismo como el antifranquismo, es decir, de nuevo las dos Españas, los extremos. Ninguna de las dos cosas ayudará a que España aborde de una vez todos los problemas pendientes. Y ahí nos jugamos el futuro.
Y es que Sánchez sigue empeñado en sacar a Franco del Valle de los Caídos, aun a sabiendas de que no puede hacerlo sin el acuerdo con la familia y que el recurso de ésta a los tribunales paralizará cualquier decisión. Pero quiere utilizarlo contra la derecha, contra esa “derecha trifálica”, afirmación que dice mucho de quién es la fiscal y actual ministra de Justicia y notaria mayor del Reino, Dolores Delgado.
Y en el otro lado, un Pablo Casado haciendo ya planes con la puesta en marcha de nuevo del artículo 155 “sin restricciones”, tampoco ayuda a una reflexión serena, a un acuerdo de los partidos constitucionalistas en un tema tan grave que exige mayorías fuertes, responsabilidad, mucha responsabilidad, respeto a la justicia, presencia activa en Cataluña y diálogo y generosidad con quienes pueden devolver la cordura a Cataluña. Sabiendo, como ha dicho Manuel Aragón, que solo “dentro del Estado de Derecho está asegurada la democracia” frente a quienes dicen, los independentistas catalanes, que la democracia está por encima del Derecho.
Como también dice José Manuel Bandrés, “si hemos ganado la batalla de la independencia judicial, ahora debemos afrontar responsablemente el desafío de hacer de la Administración Judicial un servicio público transparente, eficiente y de calidad”. Disponer de una justicia ágil y eficiente es uno de los grandes retos pendientes. Como el de la educación, siempre usada como batalla ideológica y no pensando en los estudiantes y en la sociedad del futuro; la fiscalidad y las pensiones, dos agujeros negros de la economía; el empleo de calidad, la sanidad sostenible. De eso hay que hablar. Y de la imparcialidad de los medios públicos, con una RTVE en caída libre de audiencia y de calidad y una TV3 que solo juega para menos de la mitad de los catalanes. Economía, justicia, educación y libertad de información. Anda que no hay asuntos para el debate y para el compromiso.
