Los independentistas catalanes se lo dieron, los independentistas catalanes se lo quitaron. En la ascensión y en la caída de Pedro Sánchez -¿remontará con la llamada a las urnas?- aparece el problema de Cataluña como el formidable condicionante de la política española. Pero nunca se había hecho tan visible como ahora, donde la resultante es una disolución anticipada de la Legislatura con la consiguiente convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril.
La fecha es un semillero de problemas. Empezando por el hecho de celebrar una campaña electoral con la gente de vacaciones (coincidencia plena con la Semana Santa). Y siguiendo por el desarrollo del juicio al “proces” con dos de los tres poderes del Estado en funciones (Legislativo y Ejecutivo). Justamente cuanto el Estado está siendo objeto de una insidiosa ofensiva dentro y fuera de España.
Supone que la venidera primavera de urnas deja al Tribunal Supremo (Poder Judicial) ejerciendo la legítima defensa del Estado en solitario, mientras el Ejecutivo está en funciones y el Congreso depende de una interina diputación permanente. O sea, que estamos abocados a que la defensa del orden constitucional solo pueda ser ejercida por el Tribunal Supremo. Del único modo que puede hacerlo. Por aplicación de la legalidad, sustanciada en la sentencia que siete magistrados han de emitir tras un juicio imparcial y transparente.
De ahí saldrá la verdad judicial de la operación perpetrada contra la legalidad vigente en septiembre y octubre de 2017. En cuanto a la verdad política y moral, nos quedará la internacionalización del conflicto. Un arma de doble filo en manos de la propaganda por la causa de la república independiente de Cataluña. Porque hay millones de personas que seguirá las sesiones en tiempo real y podrán formarse criterio propio.
En todo caso, ¿se imaginan todo eso con un Ejecutivo y un Parlamento a medio gas? Es el escenario que se avecina al haberse convocado elecciones para el 28 de abril, tras el “sí” de los diecisiete diputados nacionalistas catalanes a la devolución de los PGE del Gobierno.
Un tercer inconveniente que presenta esa fecha de urnas es la dificultad sobrevenida de formar gobierno en vísperas de las elecciones del 26 de mayo (europeas, autonómicas, municipales). Cualquier pacto en esas fechas condicionaría notablemente a los candidatos de los partidos implicados o no en eventuales pactos legislativos a escala nacional.
Insisto en que Cataluña atenaza la marcha de la política nacional. Se ha visto en el arranque del juicio a los dirigentes procesados por el ataque al orden constitucional y, como es bien sabido, en el reciente debate presupuestario cuyo desenlace (los “indepes” tumban los PGE del Gobierno) ha terminado precipitando la llamada a las urnas.
