Me preguntan en la tele si lo ocurrido en Cataluña hace algo más de un año fue un golpe de Estado. Mi respuesta es inevitablemente afirmativa. En grado de tentativa, se entiende. Y aún así, a sabiendas de que esa valoración suele desencadenar sonoros rasgados de vestiduras en los circuitos políticos y mediáticos.
¿Cómo puede calificarse la intentona de sustituir unilateralmente un Estado por otro, al menos en una parte del territorio nacional? Eso es golpismo puro y duro, aunque no se ajuste a los modelos clásicos que en el mundo ha sido desde Curzio Malaparte hasta nuestros días.
El debate ha reverdecido al conocerse la posición del ministerio público en la llamada vista de previo pronunciamiento del juicio contra dieciocho procesados en relación con el fallido proceso independentista en Cataluña. El fiscal del caso, Javier Moreno, ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzga el “proces”, ha dicho que lo ocurrido en octubre de 2017 fue “un ataque al corazón del Estado constitucional y democrático”.
El sintagma es exactamente el mismo si en vez de “ataque” decimos “golpe”. No se altera en absoluto el significado ni la intención valorativa de una conducta (no individual, sino concertada, por cierto) cuyo objetivo fue el de sustituir a un titular de la soberanía por otro en una parte del territorio, una legalidad por otra, una legalidad por otra.
Cuestión aparte es que los métodos para alcanzar esos objetivos sean o no sean violentos, encajen o no encajen en los tipos delictivos previstos en el Código Penal. Eso ya lo dirá el tribunal juzgador que empezó a ejercer como tal el martes pasado en la sede central del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional.
Este alto tribunal es justamente el indicado para juzgar unos presuntos delitos que, aún cometidos en una determinada parte del territorio, afectan a cuestiones de interés general y lesionan bienes constitucionalmente protegidos. Sobre todo, dos. Uno, la soberanía nacional única e indivisible, como fuente de poder y legalidad. Y otro, la integridad territorial del Estado.
Conviene refrescar estos elementos básicos del análisis en vísperas de que comience la parte mollar de la vista pública por el intento de constituir en Cataluña un estado desconectado de España y de su vigente legalidad.
Esa fase se pondrá en marcha una vez que los siete magistrados del tribunal reconfirmen que es el Supremo, y no el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el que debe juzgar lo que a todas luces fue un intento de golpe de Estado. Aunque los “indepes” y no pocos fariseos del mundo político y mediático no quieran oírlo.
