A un lado y a otro de la escena –la política es demasiadas veces puro teatro, gestos, disfraces, entradas y salidas del escenario buscando el aplauso fácil– los excesos empiezan a ser la norma. Al espectáculo del independentismo catalán, se han sumado estos días los gestos del Parlament de reprobar al Rey y pedir la abolición de la Monarquía, al que he seguido la misma actuación del Ayuntamiento de Barcelona y el anuncio de Izquierda Unida de llevar idéntica propuesta a más de mil ayuntamientos. Como si ese fuera el problema de España…
Nos enfrentamos hoy a algunas amenazas de enorme trascendencia que algunos presentan como un simple “juego”político o como una manera de arreglar lo que la derecha “provocó”. El peligro de jugar a romper la Constitución puesto en marcha por populistas y nacionalistas es el primero. Si la Constitución no permite lo que algunos quieren, la solución es saltársela. El segundo, íntimamente unido, es el de acabar con la Monarquía. Realmente hay muchas fuerzas que hubieran querido hacerlo hace muchos años, aprovechando cualquier circunstancia, pero ahora empieza a ser una estrategia preparada. El tercero es la seguridad jurídica puesta en entredicho por muchas decisiones de los independentistas, por algunas actuaciones o dejaciones del propio Gobierno y, lo que es más grave, por decisiones del Tribunal Supremo, que han hecho un grave daño al sistema y han aumentado la desconfianza en las instituciones. El uso del CIS como un ariete político, es otro de los indicativos del abuso político de las instituciones. El cuarto juego peligroso es el que afecta a la economía. Después de superar la crisis –no la desigualdad, que ha aumentado– parece que volvemos a la senda de aumentar el gasto público, subir los impuestos, castigar a las clases medias y huir hacia adelante sin un proyecto serio y riguroso.
En política, los juegos peligrosos casi siempre conducen a la calamidad. Olvidamos que la crisis económica fue más grave en España por los errores cometidos por el Gobierno de Zapatero y que solo hemos podido superarla con unos duros ajustes que han sufrido todos los ciudadanos y que han dado resultados porque nos han hecho más competitivos, han aumentado nuestra capacidad exportadora, se ha logrado un sistema bancario solvente, aunque cada vez con menor rentabilidad, y se han puesto controles para evitar la corrupción. En la lucha contra el independentismo, solo se logró ganar terreno cuando los constitucionalistas fueron generosos y actuaron unidos.
Pero ahora, este Gobierno está sostenido por socios que quieren acabar con la Constitución y la Monarquía –con el final de cualquiera de ellas, el resultado sería el mismo: la ingobernabilidad y el final de esta democracia– y que están dispuestos a conseguirlo como sea, pero, sobre todo, con la debilidad y la voluntad de aguantar como sea de quien nos gobierna. En el otro lado, el Partido Popular de Pablo Casado se está tirando al monte, creyendo que así recupera a sus votantes, sin darse cuenta –lo veremos en Andalucía– de que tal vez va a retroceder como nunca. Frente a esas amenazas, la única receta es el rigor y la coherencia de las políticas públicas y el consenso y la unidad en los grandes asuntos de quienes defienden esta Democracia, esta Monarquía y esta Constitución que nos devolvieron las libertades, el progreso y la concordia.
