El mayor valor de la universidad es ser garante fiable de sus titulaciones. Que lo que certifican sus títulos sea verdad.
Esta garantía exige que se cumplan unas reglas. Las mínimas las establecen las agencias de calidad (ANECA y demás. Ahora sobre todo las demás). Estas, al verificar una titulación (propuesta por los rectorados) afirman que el proyecto (grado, máster o doctorado) plantea unos objetivos (concretados en competencias) que podrían conseguir quienes superen el plan de estudios (materias y modo de enseñarlas teórica y prácticamente), impartido por un profesorado con la cualificación que dicen y en unas instalaciones como las que dicen. Es un juicio experto sobre un proyecto que implica igualmente que los medios que se establecen en la propuesta son legales (se ajustan a las disposiciones) y por tanto garantizan que aquella titulación también lo será.
El juicio técnico de la ANECA o de las agencias de calidad, lo avala o no el Consejo de Universidades (compuesto por rectores de universidades públicas) cuando es positivo. Hasta ahora, prácticamente, sólo han negado este aval a titulaciones de universidades privadas. Simple coincidencia.
Tras la aprobación del Consejo son los gobiernos autonómicos quienes autorizan (o no) la implantación de esa titulación. Las relaciones entre las diversas agencias y los diversos gobiernos son tan variadas que no hay modo de dar una idea general: pasa de todo. Algunas deciden que tal titulación no debe ofertarse porque no habría empleo en la región para los egresados. Como si estos debieran trabajar solo en aquel territorio. Otras, optan por no crear competencia privada a una titulación coincidente de otra universidad pública de la zona. Como si no existiera la libertad de empresa.
Tras este largo proceso político, la titulación comienza a impartirse. Comienza el plazo para demostrar mediante evidencias (¿?) que la propuesta implantada se está cumpliendo: los profesores tienen la titulación comprometida, las horas que se dijo que se impartirían se imparten, los programas coinciden, se ven unos exámenes, unos trabajos de fin de grado, las encuestas de satisfacción de los estudiantes (y menos del resto del personal)… Unos estudiantes y profesores dicen su impresión y se logra reunir a unos empleadores que afirman que los egresados trabajan estupendamente y están orgullosos de ellos.
La comisión acreditadora suelen dominarla los profesores universitarios. Al final elaboran un informe con recomendaciones. La agencia de calidad lo “cocina” y emite el definitivo. Si, cosa rara, se recomienda el cierre de la titulación, por incumplimiento de lo previsto, en materias e intensidad que comprometan la obtención de las competencias que se garantizan, el Consejo de Universidades decide qué hacer. Caben también “olvidos” en las agencias, según afirman los expertos, y aprobaciones por silencio de informes de cierre.
En fin: una universidad propone un proyecto. Lo pone en marcha si se aprueba. Lo hace bien o mal. Hasta ahí, responsabilidad universitaria. Lo acreditan o no. El Consejo de Universidades decide si se extingue o no, pero no se exigen responsabilidades. Rectores, decanos, responsables de titulación, profesorado… siguen igual. Y se procurará que el asunto no salte a la prensa para no desacreditar a la universidad…
Y eso en medio silencio y miedo: pocos profesores se atreverán a decir que una titulación debe cerrarse (porque luego vendrán a las suyas y no compensa hacerse enemigos); pocos decanos animarán a sus profesores a tener verdadera exigencia con sus estudiantes (porque las encuestas de satisfacción y los indicadores de “éxito” —los que acaban la titulación en el tiempo previsto más un año— darán malos resultados); pocos profesores se atreverán a echar de un examen a un estudiante que copia de manera flagrante…
Pocos asumen las responsabilidades que les tocan (y a las que acceden porque quieren). Las universidades prefieren que las agencias les hagan el trabajo sucio. Un vicerrector lo decía sin ambages: no voy a decir yo a un compañero que ese título está mal, que se lo diga la agencia. Un vicedecano exige una documentación con la falsa excusa de solicitarla la agencia. Otro más es incapaz de comunicar a unos profesores sin sexenio vivo que no pueden formar parte de un equipo de doctorado y obliga a la agencia a hacerlo presentando una propuesta inaceptable. Los gobiernos autonómicos aprovechan la escasez de recursos para conseguir favores de la autonomía universitaria. Primero lo paga el prestigio de las titulaciones y al final quien las avala: la universidad.
