El revuelo causado por la sentencia dictada el pasado jueves por la sala tercera del Tribunal Supremo no sólo no ha parado sino que se va a extender hasta el próximo 5 de noviembre. Esta es la fecha fijada por el presidente del alto tribunal para que se reúna el pleno y siente jurisprudencia sobre quien debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la firma de una hipoteca. En este momento, el limbo es total, ya que esta sentencia contradice a la dictada apenas hace unos meses por otra sala del Supremo que, en este caso, decidía que era la entidad financiera la que debía abonar este impuesto.
La indignación es compartida por bancos y clientes. De hecho en este momento, se han parado muchas de las firmas previstas de nuevas hipotecas, las entidades no ofrecen información sobre hipotecas en sus páginas web, los bancos han perdido en bolsa más de 8.000 millones de euros de capitalización y los tenedores de una hipoteca no saben si podrán o no recuperar el dinero abonado por este impuesto cedido a las Comunidades Autónomas.
Es aventurado asegurar qué decidirá el pleno de la sala del Supremo y no sólo sobre quién debe pagar el impuesto sino también, en el caso de que fallen a favor del cliente, cuál será el plazo para poder exigir la devolución. Algunos expertos en Hacienda Pública hablan de cuatro años, que es el plazo en el que prescriben por decirlo así nuestras relaciones con Hacienda para exigir pagos y devoluciones. O bien, como aseguran despachos de asesores y abogado, el plazo puede llegar incluso a los 15 años.
De lo que no cabe ninguna duda es de que la sala que ha dictado esta última sentencia obró mal, ya que al haber otra sentencia anterior en sentido contrario debió reunir al pleno para unificar criterio y crear jurisprudencia. En mi opinión, este es el problema mayor y no las presiones de la banca a la judicatura. En todo caso, sea cual sea la resolución, nadie va a quedar contento y sin duda algunos lo van a utilizar para sus fines políticos.
