El Consejo de Gobierno conoció ayer el anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León, presentado ante el Ejecutivo por la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente. El texto, que reconoce al sector como estratégico, se adapta ante el reto de la nueva Política Agrícola Común, apuesta por los jóvenes y las mujeres para rejuvenecer el campo y fijar población en el ámbito rural, presenta un Banco de Tierras gestionados por las Juntas Agropecuarias Locales, abre la colaboración público privada en obras de concentración parcelaria y crea un defensor para denunciar prácticas abusivas de precios. Así lo explicó la consejera tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde aseguró que se trata de un anteproyecto de ley «muy ambicioso» que pretende dar respuesta a todas las necesidades del sector agrario y agroalimentario y con el que se crea «un solo cuerpo normativo».
Asimismo, insistió en que tiene como “ejes transversales” la incorporación de jóvenes al campo y la defensa de la igualdad de las mujeres, colectivos que también tendrán prioridad en las políticas de Desarrollo Rural, así como las políticas de I+D+i, ya que se contempla la creación de una Estrategia Agraria y Agroalimentaria de I+D+i.
Sus objetivos son dotar a la actividad agraria y agroalimentaria de una nueva regulación legal destinada a dar una respuesta a los nuevos retos en un mundo cada vez más global y liberalizado y la adaptación a los distintos marcos de la Política Agrícola Común. También incide en la exigencia de una gestión sostenible de los recursos, las presiones de otras actividades o actuaciones sobre el suelo agrario, la aparición de desequilibrios en la distribución de la cadena de valor y la necesidad de establecer una regulación de la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios. Además, esta ley también busca dar al sector una mayor seguridad jurídica, agrupando en un solo cuerpo normativo de rango legal la regulación más sustancial del conjunto del sector, hoy dispersa en numerosas normas de diverso rango.
Los jóvenes y las mujeres se consideran estratégicos tanto para asegurar el futuro del sector agrario como para el desarrollo económico y la vertebración territorial de las zonas rurales. Por ello, se potencian las actuaciones de fomento a la incorporación de jóvenes al sector agrario para asegurar el relevo generacional. Entre las novedades, figura el tratamiento preferente en el acceso a las parcelas del Banco de Tierras o a los pastos, hierbas y rastrojeras gestionados por las Juntas Agropecuarias Locales.
En materia de explotaciones agrarias, busca fijar un sistema de apoyos y ayudas proporcional a las necesidades de cada explotación, al objeto de conseguir su eficiencia y máxima rentabilidad y garantizar su viabilidad y competitividad. Se trata de que, por ejemplo, según dijo la consejera, se adapten las ayudas, por ejemplo, de maquinaria a las necesidades de la superficie real del agricultor.
Renovación
También modifica el actual régimen jurídico de la concentración parcelaria, introduce una profunda renovación y simplifica el procedimiento. Se incorpora, por primera vez en el Derecho Autonómico la colaboración público-privada para planes de concentración que lleven aparejadas obras de infraestructuras.
Para fomentar los productos agroalimentarios de Castilla y León a través de las figuras de Calidad Alimentaria Diferenciadas, establece las normas necesarias para garantizar la calidad, da por primera vez reconocimiento con rango de Ley a la marca de garantía ‘Tierra de Sabor’, recogiendo expresamente su incuestionable vinculación con la producción primaria de Castilla y León.
