La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, desveló ayer en Salamanca, donde visitó una explotación apícola de la localidad de San Miguel de Valero invitada por COAG, que el Gobierno regional afrontará la próxima semana el desembolso de 12,5 millones de euros correspondientes al 50 por ciento del pago de la ayuda de agroecosistemas extensivos de secano, del que se beneficiarán 4.867 agricultores de la Comunidad, entre los que también se incluyen los apicultores.
De ese montante global, el Gobierno regional se hace cargo de un porcentaje cercano al 30 por ciento, «lo que supone un gran esfuerzo y demuestra que el sector es prioritario para Castilla y León». Con ese pago, serán ya 34 los millones desembolsados en 2012 para cerca de 12.000 beneficiarios de Castilla y León, a los que hay que sumar otros 40 millones en indemnizaciones compensatorias de montaña.
El pago se enmarca en el ámbito de las ayudas agroambientales del sector, recogidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León para el período 2007-2013, de las que se han beneficiado entre 2007 y 2011 un total de 341 apicultores y que han tenido un importe total de 9.246.421 euros.
Además de esta línea, el sector cuenta con ayuda específica destinada a fomentar la actividad, así como a consolidar la profesionalización y alcanzar una mayor modernización del sector, la ‘Ayuda para la mejora de la producción y comercialización de la miel’, incluida en el Plan Apícola Nacional y que el pasado año tuvo un montante económico de 1.558.323 euros para un total de 252 beneficiarios.
La convocatoria de la orden de la ayuda de este año, que tendrá una dotación presupuestaria similar a la del pasado ejercicio, está en tramitación y se publicará en la segunda quincena del mes de julio en el Boletín Oficial de Castilla y León. En esta ocasión, y como principal novedad, esta aportación establecerá, tal y como se ha consensuado con el sector, un único y mismo plazo para realizar los dos procedimientos que componen estas ayudas, tanto la solicitud de las mismas como la justificación de las inversiones.
Silvia Clemente resaltó que se están cumpliendo los plazos de pago previstos de ahí que, en la actualidad, la práctica totalidad de los beneficiarios ya hayan visto resuelta su solicitud en un periodo de catorce meses desde la presentación de la solicitud, anticipándose de esta forma al máximo permitido por la Unión Europea.
Los reglamentos comunitarios, recordó la consejera, permiten para estas medidas la aplicación de la denominada ‘regla n+2’, que consiste en la posibilidad de realizar gastos y pagos correspondientes a una determinada anualidad en los dos años siguientes, un tiempo que Castilla y León «no está agotando».
Por otra parte, Clemente avanzó que estudia la posibilidad de poner en marcha una campaña promocional de la miel autóctona a través de la marca Tierra de Sabor «para impulsar el consumo y hacer ver a los ciudadanos que no deben comprar cualquier miel porque las exigencias europeas para producir no son las mismas que para las mieles que vienen de otros lugares».
Clemente considera que se ha de poner en valor la rigurosidad con la que se acomete la fase productiva en España sin que posteriormente repercuta en una excesiva diferencia de precios al tiempo que «la calidad es superior». Que no se vea la fase productiva, aclaró, «no es óbice para que un consumidor se plantee la importancia de decidirse por las mieles autóctonas».
En esa línea, la titular de Agricultura y Ganadería precisó que, de cara a la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Comunitaria para el periodo 2014-2020, se ha solicitado a la Unión Europea que se igualen los estándares de calidad «para garantizar al cien por cien el principio de reciprocidad, de manera que las mismas exigencias que tienen los productores europeos sean las que deban cumplir los de los otros países». «No tienen sentido que nuestras exigencias sean altas y que la entrada de productos de fuera sea más laxa», apostilló.
