El Ejecutivo regional defiende el aumento de la financiación autonómica, el acuerdo multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Fiannciera y que la Comunidad no reciba menos que en 2001, cuando se cerró el anterior modelo bajo el Gobierno del PP.
Además, el Gobierno de Juan Vicente Herrera mantiene que se deben cumplir las variantes recogidas en el Estatuto de Autonomía, relativas a que se pondere en el cálculo de los recursos la extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población, así como la inclusión de las políticas de la dependencia.
El pasado 30 de diciembre, el Gobierno presentó una propuesta de financiación, por el entonces vicepresidente económico Pedro Solbes, en la que se proponía un aumento de la cesión del Impuesto sobre la Renta e IVA a las comunidades hasta el 50 por ciento y el 58, en el caso de los impuestos especiales. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, rechazó la propuesta por entender que algunas variables estatutarias, como la baja densidad y el sobreenvejecimiento no estaban recogidas.
Precisamente, el presidente de la Junta entregó en mayo de 2008 un documento a José Luis Rodríguez Zapatero, durante la reunión que mantuvieron en La Moncloa, en el que se recoge que las variables no poblacionales deben ponderar un 20 por ciento.
En cuanto a la transferencia de competencias sobre la Cuenca del Duero, la Junta ha remitido un borrador de protocolo al Gobierno para la firma de un convenio marco, que dé paso al posterior traspaso, conforme al modelo seguido en Andalucía bajo el mandato del propio Chaves, para el Guadalquivir.
El Gobierno regional se ha quejado de que la Comisión Mixta, que negocia este traspaso, no se reúne desde el mes de enero y tampoco se les remite la documentación que en ese momento comprometieron los negociadores estatales. El Gobierno de Herrera también ha denunciado lo que entienden «pegas» al traspaso bajo la excusa del carácter internacional de la cuenca y los compromisos del Gobierno central con Portugal.
Para la Junta, el carácter internacional de la cuenca, en un dos por ciento del recorrido del río Duero, se respeta en el Estatuto de Autonomía, ya que la máxima norma de autogobierno autonómico, aprobada por las Cortes Generales sin ningún voto en contra, deja claro que sólo se asumirían competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en aguas que tienen su nacimiento en la Comunidad y deriven a Portugal.
