CCOO reclamó ayer “reformular” el sistema de protección frente a la pobreza en Castilla y León de manera que se aglutine en uno único con la gestión de todas las ayudas, además de mejoras en la Renta Garantizada de Ciudadanía y otras medidas ante los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística con datos de 2013.
La secretaria de Políticas Sociales de CCOO, Bernarda García Córcoba, incidió en la necesidad de contemplar la pobreza como una “urgencia social” y una “prioridad a resolver”, según explicó junto al secretario de Organización y Comunicación del sindicato, Luis Fernández Gamazo, y la técnica de la Secretaría de Políticas Sociales Elsa Caballero, quienes presentaron las propuestas que pretenden que se tengan en cuenta en las administraciones.
Así, García Córdoba insistió en que los datos de esta Encuesta de Condiciones de Vida han hecho “saltar todas las alarmas” porque la población por debajo del umbral de la pobreza (establecido en 7.961 euros de ingresos anuales) creció en la Comunidad casi tres puntos, del 17,5% al 20,4%, lo que significa 509.000 personas más.
Además, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE, que mide el umbral de la pobreza teniendo en cuenta la carencia material y la baja intensidad en el empleo de los miembros que residen en un mismo hogar, lo hizo en mayor medida, al pasar de un 20,8% al 26,1%, de manera que hay 651.000 personas viviendo “peor” que en 2012, señaló García.
A su juicio, el crecimiento de un 5,3% es algo “escandaloso” e incidió en que uno de los indicadores de la misma, la baja intensidad de empleo, se ha “disparado” del 12,8% al 17,7% en Castilla y León, “casi cinco puntos” que supone que 184.000 hogares tienen una ocupación por debajo del 20% de su potencialidad de trabajo.
Otros de los datos que CCOO considera preocupantes y muestran la necesidad de mejorar las medidas existentes es que un 42% de los desempleados están en riesgo de pobreza (más de 98.000), pero también “genera alarma” que más del 30% de los menores de 16 años se encuentra en esta situación, “uno de cada tres”.
Por ello, el sindicato propuso, a nivel nacional, la derogación de la Reforma Laboral o la garantía de unos ingresos mínimos como prestación. En el ámbito autonómico, pide mejoras en la Renta Garantizada de Ciudadanía para que todas las personas con un salario inferior a esta prestación que pudiera corresponderle o ingresos de cualquier tipo tenga derecho a ella.
Asimismo, aconsejan crear un “defensor de la RGC” que actúe ante errores administrativos, interpretaciones inequívocas de la norma o ante actuaciones de injusticia y reclaman que se reduzcan y se simplifiquen los procedimientos con un incremento de personal dedicado a este fin.
