El Ayuntamiento de Soria confirmó hoy que el pasado lunes recibió un oficio remitido por el Juzgado en el que se comunicaba que, en una fecha no determinada, se practicaría un requerimiento de documentación en dependencias municipales, en el marco de la investigación judicial abierta sobre presuntos contratos vinculados a Biosfera Soria.
Las mismas fuentes precisaron que el escrito, dirigido al alcalde, Javier Antón, como custodio de las instalaciones municipales, no concretaba el día en que se llevaría a cabo la actuación, ni el servicio afectado, ni la documentación que sería requerida, y recordaron que el oficio advertía expresamente de que el procedimiento se encontraba bajo secreto de sumario y obligaba a mantener la confidencialidad de su contenido.
El Ayuntamiento apuntó a que realiza esta aclaración después de que surgieran dudas sobre cómo conocía el alcalde que iba a producirse un registro en el Ayuntamiento y el posible “chivatazo” al que aluden PP y Vox, y agregó que esa información procedía exclusivamente del oficio remitido por el Juzgado y no de ninguna filtración.
El Consistorio señaló que el regidor se dio por enterado del requerimiento en su condición de responsable de las instalaciones municipales y mantuvo la reserva que se le pedía por el secreto de sumario. Al día siguiente, los agentes de la Guardia Civil se personaron en el Ayuntamiento, donde practicaron el registro que afectó a la documentación relacionada con el área de Medio Ambiente, que dirigía Yolanda Santos, concejala que fue detenida el martes y puesta en libertad el miércoles.
Una vez que la edil quedó en libertad con cargos, el alcalde reunió a los portavoces de los grupos municipales para informarles de la cronología de los hechos y de las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento, que “ha manifestado desde el primer momento su plena colaboración con la autoridad judicial y estudia su personación en la causa”. “El alcalde pensó que los portavoces respetarían el secreto de sumario, pero han venido a decir que sabía con antelación lo que iba a pasar cuando se recibió un requerimiento del Juzgado”.
Las mismas fuentes indicaron que la información facilitada en esa Junta de Portavoces se trasladó con la advertencia de que el procedimiento seguía sometido al secreto de sumario y debía mantenerse en el ámbito de la confidencialidad, y aclararon que “la confirmación pública de la existencia del oficio judicial ha respondido únicamente a la necesidad de evitar interpretaciones sobre un posible aviso previo ajeno o chivatazo”.
Declaraciones de Martínez
Sin embargo, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró que no fue hasta el martes 23 de junio a las 9.22 horas, cuando ya se estaba produciendo la entrada de los agentes de la Guardia Civil en el Consistorio soriano, cuando tuvo la primera información de la situación a través de un mensaje y una llamada del alcalde de Soria, Javier Antón.
Negó que el pasado lunes recibiera un chivatazo sobre el registro que se produciría al día siguiente en el Ayuntamiento de Soria, ciudad de la que fue alcalde hasta el mes de abril, y sentenció: “Ni yo ni el Ayuntamiento de Soria son causa ni objeto de investigación ni de acusación alguna de ninguna institución”.
El líder socialista acusó a PP y Vox de “intentar extender la mancha de aceite” sobre la investigación de la ya exconcejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria a la “honorabilidad” del Consistorio soriano y de su exalcalde, hoy secretario general del PSOECyL, que además recordó que “si tuviera la información (previa), que no la tengo, no tengo ninguna obligación de guardar secreto”.
Si bien, sobre la posibilidad de que conociese de manera previa que se fuese a producir un registro, afirmó: “No lo puedo negar”. Pero también consideró que Antón lo dijo en una Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Soria, que “nadie es tan tonto de soltar un chivatazo” y pidió “no comprar el marco del chivatazo”.
En su comparecencia en la sala de prensa del PSOE en las Cortes, Martínez aseguró que “da la cara y todas las explicaciones, con luz y taquígrafos” ante el desarrollo de la operación ‘Fuentona’, en la que se ha detenido a siete personas, una de ellas la exconcejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Tras el “caos y el ruido” de las horas siguientes al registro, Martínez reivindicó la actuación tanto del Ayuntamiento de Soria, que “apenas 12 horas después, retira las competencias delegadas en Yolanda Santos”, como de su partido, que la suspendió cautelarmente. Además, añadió que “24 horas después, la concejala investigada ya es exconcejala y exmilitante del partido”.
Aún así, Martínez criticó que la investigación se refiera a la empresa Biosfera como “organización criminal” y hable de “blanqueo de capitales” cuando factura entre 40.000 y 50.000 euros al año por la realización de talleres ambientales, que en el caso de los contratos con el Ayuntamiento de Soria “están auditados, fiscalizados y cuentan con la conformidad del departamento de contratación, de la intervención y de la secretaría general” del Consistorio. Finalmente, Martínez aseguró la “tolerancia cero” de su partido con la corrupción.
