El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ha confirmado que la funeraria El Salvador presentó entre 2001 y 2014 un descuadre de unos 4.500 féretros entre el número de servicios funerarios prestado entre esos años y el número de ataúdes que adquirió en el mismo periodo a distintos proveedores, a la vez que denunció la existencia de una contabilidad ficticia en la que aparecen facturas de féretros que en realidad nunca se compraron.
En la jornada de este lunes, del juicio del ‘caso ataúdes’, vista que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra este grupo funerario por un presunto cambiazo de ataúdes en el momento previo a la incineración, declararon como peritos dos funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), responsables de la elaboración de dos informes que han sido incluidos en la investigación del caso y en los que se pone de manifiesto la existencia de numerosas facturas falsas y de irregularidades contables.
A preguntas del Ministerio Fiscal, los funcionarios indicaron que tras analizar las declaraciones de los modelos 347, la declaración informativa anual que las empresas realizan ante la Agencia Tributaria para detallar operaciones, los movimientos bancarios, los archivos de caja, la documentación contable incautada en los registros policiales y las transferencias recibidas por los proveedores de ataúdes, queda claro que, además de facturas falsas, había otras en las que aparecían notas adhesivas en las que se podía leer: “solo pago del IVA”.
Además, también explicaron que se han encontrado facturas a nombre de proveedores ya fallecidos y otras en las que aparecen nombres con DNI que no constan en la base de datos de la Agencia Tributaria. En este sentido, también denunciaron que en el caso de Victoriano Senovilla, uno de los acusados en este proceso, El Salvador le adelantó el dinero para que él comprara féretros defectuosos a la empresa Maderarte, a un precio de 50 euros la unidad, que luego fueron revendidos a la propia funeraria.
El juicio continuará el próximo lunes, 18 de mayo, con la declaración de nuevos peritos, mientras que para el miércoles, además de las reproducción de las declaraciones de Ignacio Morchón Alonso y Justo Martín Garrido, ambos fallecidos, también está previsto que declaren los hijos del fundador de El Salvador: Laura, María del Rosario e Ignacio Morchón Vaquero.
La Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.
Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
