Las dos hijas de Ignacio Morchón Alonso, Laura y María del Rosario, aseguraron este lunes, en el juicio por el caso del cambiazo de los ataúdes en el grupo funerario El Salvador de Valladolid, que su padre era el encargado de la gestión de la empresa y de la compra de los féretros. A preguntas solo de su abogado, ambas acusadas respondieron que él era el encargado de la toma de decisiones en la funeraria, incluso una vez jubilado. Solo a raíz de su fallecimiento en 2022, los hermanos tuvieron que hacerse cargo del grupo.
Laura Morchón destacó que nunca llegó a desempeñar trabajos en el cementerio ni tuvo participación en la compra de féretros ni tampoco en la gestión del horno crematorio, además de no tener ninguna actividad relacionada con la contabilidad y las facturas. Su labor, en un primer momento a partir de 2013, se limitaba a ser una “correturnos” para cubrir las sustituciones y las vacaciones del personal de Recepción en el tanatorio.
Explicó que en 2016 se instaló un ordenador en la Recepción para controlar la actividad del horno incinerador, ya que reconoció que, al principio, había muchos bloqueos de los quemadores, por las habituales quejas de los vecinos. “Era muy escandaloso por el humo y había que esperar un tiempo hasta que bajara la temperatura en el horno donde se hacían las incineraciones”, añadió. Unos parones que, reconoció, afectaban a la actividad del tanatorio, sobre todo cuando se amplió y se pasó de contar con nueve salas a doblar el número, con mucho más trabajo e incineraciones. Posteriormente, y una vez finalizada su carrera universitaria de Periodismo en Salamanca, comenzó a llevar la Publicidad de la funeraria.
Por su parte, María del Rosario, ha desempeñado toda su labor, prácticamente, en la oficina de la funeraria de la calle Angustias. Por su función para pedir extractos y el pago de facturas y tasas municipales en el banco, era apoderada de la funeraria. Cuestionada por el trabajo de su madre en el grupo, respondió que era una ama de casa y se limitaba a recoger la toga del cura para lavarla, mientras que su hermana Laura no era la directora del tanatorio, “ni mucho menos”.
Apuntó que “lo normal” es que, en aquellos años, los servicios funerarios se abonaran en efectivo por lo que no le extrañó que la Policía encontrara en el registro de la residencia de sus padres una gran cantidad de dinero, cerca de 900.000 euros, que correspondía a la “caja de la empresa”. “Mi padre siempre recogía todo el dinero en efectivo en las diferentes sedes de la funeraria. La empresa y él eran lo mismo por que tenía el poder y el mando. Hacía y deshacía”.
Además, María del Rosario negó que El Salvador llevara a cabo la práctica ilícita del cambio de féretros. En la línea de lo expresado, anteriormente por su hermana, declaró que su padre era el encargado de la adquisición de los féretros y que ella tampoco tenía conocimientos de contabilidad.
La Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el ‘cambiazo’ de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.
Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel.
“Una trampa”
También compareció en el juicio que tiene lugar en la Audiencia Provincial de Valladolid, como acusado, José Antonio Morchón, hermano del propietario de la funeraria. A lo largo de 40 años como trabajador del grupo, siempre desempeñó labores de conductor, por lo que se encargaba de los traslados de los fallecidos a los tanatorios y cementerios de diferentes puntos de España. Por lo tanto, reconoció que nunca tuvo relación con el crematorio de la empresa.
Tras asegurar que nunca había practicado el cambio de ataúdes pero tampoco presenciado estas actuaciones ni haber oído que se llevaron a cabo, comentó que Justo Martín, el extrabajador que presuntamente destapó el caso, le mencionó en su libreta en 88 ocasiones solo por el hecho de que era hermano de Ignacio. “El señor Justo nos tendió una trampa, que nos metió en la cárcel y nos tuvo 72 horas allí”, añadió.
José Antonio manifestó que los familiares del fallecido podían presenciar la incineración y que era algo que se les ofrecía. También, afirmó que Justo nunca le pidió que le ayudara con los féretros, por lo que se quedaba solo en la sala, ya que una sola persona se podía encargar del movimiento de los ataúdes, gracias a las camillas eléctricas.
Más declaraciones
Además de los tres familiares de Ignacio Morchón, desfilaron por la sala del tribunal 15 trabajadores o extrabajadores del grupo funerario El Salvador (tramitadores, albañiles, jardineros, enterradores, personal de mantenimiento, conductores y encargados del horno crematorio), que también se limitaron a contestar solo a las preguntas de sus abogados y se declararon inocentes. Todos ellos negaron haber participado en el ‘cambiazo’ de ataúdes por otros más baratos ni haber visto ni siquiera oído de que se pudieran llevar a cabo estos actos.
En el cementerio, había una oficina donde se custodiaban todos los partes de las incineraciones, un lugar que, según los empleados, era donde prácticamente solo estaba Justo mientras estaba en su turno. Incluso, alguno de ellos, comentó que se encerraba con llave en ese espacio y otro añadió que “se comportaba como el jefe del cementerio”. Muchos de los acusados también comentaron que Justo era una persona “grande”, de 1,85 o 1,90 metros de estatura y entre 90 y 100 kilos de peso, por lo que estaba capacitado para mover los ataúdes sin problemas.
En cuanto a los motivos que pudieron llevar a Justo a realizar las anotaciones en una libreta de supuestos cambios de féretros, algunos de los acusados consideraron que Justo deseaba que la funeraria contratara a su hijo. Por su parte, un enlace sindical también apuntó que la inclusión de su nombre en la libreta se pudo deber al retraso en el pago de nóminas, mientras se firmaba un nuevo convenio colectivo del grupo funerario.
También, le acusaron de ser una persona “rara”, que apenas tenía relación con el resto de compañeros e incluso alguno le tachó de tener “poca empatía y afinidad” con el dolor ajeno. En ese sentido, algunos de los empleados mencionó que Justo era el encargado de archivar todos los partes de incineración, un trabajo que se llevaba a cabo a finales de mes o de año. De ahí, que le acusaran de que pudieran hacer en ese tiempo el cambio de los partes y las anotaciones en sus libretas.
Compra de 3.000 ataúdes
Junto a los trabajadores del Salvador, compareció en la Audiencia Victorio S, propietario de Fabricados Senovilla, una empresa que tenía unas naves en Santovenia del Pisuerga (Valladolid) y que, entre otras labores, realizaba el arreglo y barnizado de ataúdes. Fruto de su amistad con Ignacio Morchón Alonso, vendía féretros para el grupo El Salvador y para otras funerarias. En concreto, llevó a cabo una operación de unos 200.000 euros para la compra de 3.000 ataúdes a la empresa valenciana Maderarte, para lo cual necesitó que Morchón le “adelantara” dinero en efectivo para su adquisición. Es decir, fue el encargado de financiar esta adquisición pero también para el pago a empresas como los transportistas y otros gastos, por lo que negó que participara con el dueño del grupo El Salvador en un delito de blanqueo de capitales.
Posteriormente, una vez barnizados o reparados vendía los más de 2.500 féretros a la Agencia Funeraria Castellana pero también a otras funerarias que tenía como clientes. Una vez que cobraba del grupo El Salvador, le devolvía el dinero que Morchón le había prestado inicialmente.
