La Junta de Castilla y León rechaza la propuesta del Gobierno de condonación de 83.252 millones de deuda a las comunidades autónomas porque considera que le perjudica al tener que asumir más de la que tiene viva, a la vez que critica que se obligue a cumplir con el pacto al que ha llegado con los separatistas catalanes.
Así lo manifestó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras recibir la propuesta del Gobierno que se tratará en el Consejo de Política Fiscal y financiera, previsto para este miércoles, en el que ya avanzó el rechazo a la misma.
Fernández Carriedo aseguró que la condonación perjudica a Castilla y León, ya que con una quita de 3.643 millones a la Comunidad tendrá que asumir una cantidad mayor de los 83.252 millones que con la propuesta de la ministra María Jesús Montero se “mutualiza a todos”. En este punto, argumentó que la deuda autonómica a condonar representa el 4,3 por ciento del total pero tendría que asumir el 6 por ciento de la misma, que no corresponde ni a población ni superficie.
“Es una cuestión de principios”, remarcó el titular de Economía y Hacienda de la Junta, que explicó que han recibido la propuesta del Gobierno después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, anunciara la condonación del 22 por ciento de la deuda de Cataluña, 17.000 millones.
Así, reprobó que el anuncio llegara por Junqueras y que el Gobierno no lo trasladara cuando convocó oficialmente el CPFF el pasado viernes, de manera que censuró que no se cuente ni escuche a las comunidades y se obligue al resto a cumplir con lo pactado con los separatistas. “Es un trágala que se tiene que aceptar por el resto”, remachó.
“Es un derecho que se cuente con nosotros en condiciones de igualdad”, aseveró, por lo que avanzó el rechazo de la Comunidad a esta propuesta dado que perjudica a Castilla y León porque tendrá que asumir más deuda de la que se va a condonar. “Los 83.252 millones no desaparecen, hay una mutualización a todas, aunque no se haya incurrido”, indicó.
Por ello, insistió que es un procedimiento “injusto” y defendió que ellos quieren la aprobación del nuevo sistema de financiación, caducado desde 2014 y como se comprometió el Gobierno, para una mejor prestación de los servicios públicos. “Parece que quiere (Gobierno) que la llamada mal condonación de la deuda la paguemos todos los españoles”, señaló.
Finalmente, calificó de que “no es casual” que se anuncie la propuesta dos días antes del CPFF, una vez que se celebró el fin de semana el congreso del PSOE de Andalucía en el que se ha ratificado a María Jesús Montero como secretaria general y también que este lunes Junts haya decidido retirar la cuestión de confianza a Sánchez en el Congreso.
Metodología
La metodología parte del cálculo del sobreendeudamiento. Así, se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013, con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023.
En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en 29.272 millones. El diferencial alcanza los 80.310 millones de euros y esa es la cuantía inicial a condonar. El siguiente paso es fijar el reparto entre comunidades autónomas.
Para ello, la metodología se divide en tres fases. Una primera, con el grueso del reparto de la condonación, que se realiza a través del criterio de población ajustada (criterios de envejecimiento, dispersión, etc). De hecho, el 75 por ciento del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Esta distribución alcanza los 60.232 millones y supone que la condonación media conjunta de todas las regiones se sitúa en el 19 por ciento de su deuda a cierre de 2023. Para el caso de Castilla y León, este capítulo por población (2,66 millones de población ajustada media) supone el cien por cien del total de la cifra de condonación, es decir, los 3.643 millones.
La Comunidad queda fuera de las fases 2 y 3. Estas son, primero, aquella en las que el objetivo es que ninguna comunidad quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva en aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19 por ciento de condonación de deuda. Supone añadir en la distribución 11.514 millones más de condonación, solo para cinco comunidades (Cataluña, con 6.371 millones; Valencia, 4.493 millones; Murcia, con 358 millones), Castilla-La Mancha, con 170; y Baleares, con 122 millones).
Y la última fase, para la que se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana, con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media. Con este mecanismo, se asignan otros 10.590 millones de condonación.
En segundo lugar, se fija también una compensación adicional de 917 millones para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF.
