El fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha archivado la denuncia por un presunto delito de prevaricación presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra el consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja, por iniciar el procedimiento para la declaración de la conocida como Pirámide de los Italianos como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento.
Según el decreto de archivo, el acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de febrero de 2024 por el que se declara BIC la citada instalación “cumple y recoge” las condiciones establecidas en la Ley de la Memoria Democrática ya que impone a su titular el deber de incorporar una mención orientada a la reinterpretación del mismo conforme a la memoria democrática, tal y como había solicitado el Ministerio de Presidencia.
En la resolución del Ministerio Público se destaca que el Gobierno central no había puesto ninguna objeción a que se declare el estatuto de protección que pudiera corresponder al inmueble, siempre que se incorporase esta alusión, algo que finalmente hizo la Junta. Cuando se incluya este texto, corresponderá al Ejecutivo autonómico aprobar y comprobar si se ajusta a la legalidad, dice la Fiscalía.
En su escrito, Santiago Mena no aprecia en la actuación del consejero “arbitrariedad o injusticia” dado que en la tramitación del expediente se han cumplido todos los trámites esenciales que establece la legislación. Respecto al contenido del acuerdo, destaca que su declaración cuenta con los informes favorables de la Universidad de Burgos, la Institución Fernán González-Academia Burgense de Historia y Bellas Artes que consideran que la Pirámide de los Italianos “constituye un bien singular y único dentro del patrimonio cultural de Castilla y León por su diseño y los valores artísticos, arquitectónicos y paisajísticos, así como por el valor histórico y cultural que representa”. También apoyó esta declaración el grupo político Ciudadanos, del Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, que destacó la repercusión económica que supone para la zona.
Tampoco aprecia la posible ilicitud de la conducta de Santonja respecto a otro apartado de la ley que prohíbe a las administraciones otorgar ayudas o subvenciones para realizar actividades que atenten, alienten o toleren prácticas contrarias a la Memoria Histórica. En este sentido, destaca que no consta que el titular de la Pirámide haya recibido apoyo público alguno, y señala que la Administración ni siquiera ha tramitado ni llevado a cabo actuación alguna tendente a la conservación, reparación o similar sobre la instalación.
Por todo ello, el Fiscal Superior no ve delito alguno de prevaricación y asegura que la tramitación del expediente “no es una decisión que suponga una clamorosa violación del ordenamiento jurídico” ni puede entenderse que la intención de la Junta fuera oficializar una decisión previamente tomada, tal y como denunciaba la ARMH “Late en la presente denuncia una discrepancia o crítica a la actuación del consejero de Cultura -señala el texto- si bien tal discrepancia no constituye la injusticia exigida por el tipo penal”. Además, asegura que la denuncia pretendía “justificarse mediante valoraciones subjetivas de los querellantes” y recuerda que la disconformidad frente a algunas actuaciones es “legítima” pero no suficiente para cuestionar “no ya la legalidad, sino la injusticia en términos jurídico-penales de estas acciones”.
