La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que investiga la desaparición y muerte en enero de 2022 de Esther López en Traspinedo, ordenó continuar la tramitación del procedimiento para que el investigado, Óscar L., sea juzgado por un tribunal del jurado por los delitos de asesinato u homicidio dolosos, lesiones agravadas, omisión del deber de socorro, contra la integridad moral, maltrato al cadáver, secuestro, detención ilegal y contra la seguridad del tráfico. Sin embargo, supedita la apertura de juicio oral al desarrollo de algunas diligencias pendientes de practicar, que la jueza considera “pertinentes y útiles”, y que fueron solicitadas por la defensa del investigado.
La instructora considera que “existen indicios” de que tras estar en el bar de la localidad, la víctima “se fue con el investigado y con otro hombre “a la zona de las bodegas, “para después, en el coche de Óscar, dirigirse al domicilio de Carolo, al lado del local ‘La Maña’, de Traspinedo”, donde éste se bajó”. Ahí, Óscar y Esther “se dirigieron a una vivienda en El Romeral de Traspinedo”, propiedad de la familia de él, que “utilizaba habitualmente, y tras estar juntos en ella, la mujer abandonó la misma a pie, saliendo él tras ella en su vehículo, con el que la atropelló muy cerca de ese inmueble, causándole serias lesiones, pero no la muerte”.
El auto recoge que “siendo consciente de que Esther se encontraba con vida, lejos de prestar o solicitar ayuda, esperó entre una y tres horas hasta que comprobó que estaba ya muerta, procediendo a ocultar el cadáver, y finalmente meterlo en el maletero de su vehículo y tirarlo, horas después, en el lugar donde fue hallado, no dando noticia directa o indirecta de donde se encontraba”. La jueza señala que ambos habían ingerido esa noche bebidas alcohólicas.
La jueza, además, requiere al investigado para que abone una fianza de 205.000 euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias a las que pudiera tener que hacer frente en el caso de ser condenado. La decisión, no obstante, podría verse modificada en función del resultado que arrojen las nuevas diligencias acordadas por la instructora y que fueron solicitadas por la defensa del investigado en la ‘vistilla’ celebrada el pasado 20 de diciembre. La instructora considera que son “pertinentes e útiles” antes de decidir sobre la apertura del juicio oral.
Así, entre las pruebas que se practicaran, por orden de la jueza, se ha acordado tomar declaración en calidad de testigos a los agentes de la Guardia Civil y otras personas que “peinaron” las zonas señaladas como sectores 2 y 3 durante las labores de búsqueda de la fallecida.
La instructora, además, requiere a la benemérita para que localice y aporte las grabaciones de los drones que rastrearon ambos sectores, los días y horas que lo hicieron y las imágenes captadas.
La jueza, en cambio, rechaza practicar otras diligencias por “su falta de conducencia en aras de acreditar los hechos investigados”. Del mismo modo que ocurre con el video, el cual ofrece una visión frontal sin proyección sobre la superficie exacta en que fue hallado el cuerpo de la finada, por lo que “resulta inútil a los fines pretendidos, decayendo en consecuencia la procedencia del requerimiento pretendido”.
También considera improcedente la testifical pericial de un doctor, dada la “unión a los autos de las fotos de la autopsia y las declaraciones pedidas de los médicos forenses, en el presente momento procesal, sin perjuicio del derecho que asista a la defensa a llevar a interesarlas para su práctica en el juicio oral”.
El auto, que ya ha sido notificado a las partes, no es firme y puede ser recurrido en reforma, ante el propio Juzgado instructor, y en apelación, ante la Audiencia Provincial de Valladolid.
