El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, cifró la ejecución presupuestaria de la Gerencia Regional de Salud en más de un tercio de la cuenta general de Castilla y León entre los ejercicios 2019 y 2021, y aseguró que se mueve con carácter general dentro de los principios y normas contables que le son de aplicación, si bien existen “limitaciones e incorrecciones materiales”.
En su comparecencia, la decimoquinta del año ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, Amilivia informó que la ejecución presupuestaria de la Gerencia Regional de Salud alcanzó los 3.650 millones de euros en 2019, lo que supone el 33 por ciento del total de la cuenta general de la Comunidad.
Una cantidad que se elevó hasta los 4.696 millones en 2020 (38 por ciento) “por la influencia del COVID-19” y se redujo al 35 por ciento en 2021 con 4.384 millones. El 97 por ciento del gasto en 2021 procedió de operaciones corrientes, casi la mitad correspondientes al capítulo de personal.
No obstante, el estudio del Consejo de Cuentas, según apuntó Amilivia, arroja “limitaciones e incorrecciones materiales” de la cuenta general de la Gerencia Regional de Salud en los ejercicios 2019 y 2021.
En concreto, y en relación al valor de los bienes muebles e inmuebles, la Gerencia Regional de Salud “no dispone de un inventario completo, actualizado y conciliado con las cifras registradas contablemente” y a ello se añade la falta de funcionamiento del módulo de activos dentro del Sistema de Información Contable de la Comunidad (SICCAL).
En segundo lugar, Amilivia apuntó que la dotación a la amortización por la pérdida de valor que supone el uso de los bienes se hace en base a “una estimación global” y no a un cálculo en función de cada bien y su vida útil, lo que “afecta al resultado del ejercicio de una forma que no es posible cuantificar”. Además, “no se registran las bajas de inmovilizado ni de forma global ni individualizada”.
En cuanto al convenio entre la Gerencia Regional de Salud y la Tesorería de la Seguridad Social para el pago de las cotizaciones de los trabajadores, reconoce saldos deudores en los tres años de estudio que no corresponden con la liquidación, si bien la actualización de la información pone de manifiesto que, a partir de 2022, se reconocen las cotizaciones a la Seguridad Social a mes vencido por el importe correspondiente, por lo que el desajuste en la cuenta “quedaba ya corregido”.
No obstante, y para realizar una verificación del principio de temporalidad presupuestaria, Amilivia pidió a la Gerencia Regional de Salud que “los gastos generados en años anteriores se registren en documentos contables concretos para poder ser detectados”.
Recomendaciones
Por todo ello, el Consejo de Cuentas recomienda a la Gerencia Regional de Salud que se elabore “un manual único, debidamente autorizado”, para aplicar “un mismo procedimiento” de gestión de los recursos humanos que, hasta ahora, se gestionan “con dos sistemas informáticos distintos”.
También recomienda “elaborar normas o instrucciones para homogeneizar los criterios de registro y amortización de los bienes” para agilizar la elaboración de un inventario general. Finalmente, Amilivia consideró que la Gerencia Regional de Salud “debe elaborar normas o instrucciones para que todos los centros gestores que aún no lo hacen, otorguen de forma electrónica la conformidad de las facturas, necesaria antes del reconocimiento de las obligaciones”.
Situación del HUBU
Además, en relación a la HUBU, Amilivia evidenció hoy las “discrepancias” existentes entre la Gerencia Regional de Salud y la sociedad concesionaria del Hospital Universitario de Burgos en, al menos, seis temas revisados como el aparcamiento del personal de Sacyl, el control energético y de gases medicinales, el abastecimiento y tratamiento de aguas, la tarifa de comunicación plana o los ingresos por explotación de locales comerciales.
Señaló así Amilivia que en el informe de fiscalización financiera de la Gerencia Regional de Salud entre los años 2019 y 2021, se hace especial hincapié en las cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos en pago por el contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del nuevo Hospital de Burgos.
Un canon que se elevó a 83,59 millones de euros en el año 2020, lo que representa el dos por ciento del desembolso anual de la Gerencia, y que se refiere al gasto generado en dicho ejercicio. En él se encuentran un total de siete facturas por 32,47 millones de euros cuyo pago excedió el plazo máximo legal de 30 días.
El informe, según Amilivia, “evidencia el control de ejecución del contrato y la mejora en determinados puntos de conflicto con la sociedad concesionaria”, como la instalación durante el año 2021 de 207 analizadores de red, si bien “siguen existiendo discrepancias entre la sociedad concesionaria y la Administración que están pendientes de resolución por haberse efectuado reclamación en vía contencioso-administrativa”.
