El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la formalización del convenio de colaboración entre el País Vasco y la Junta de Castilla y León en materia de asistencia sanitaria, con una vigencia de cuatro años y destinado a mejorar las prestaciones asistenciales para pacientes limítrofes de ambas autonomías.
El protocolo firmado el 23 de enero de 2023, en su cláusula primera establece que ambas comunidades se comprometen a mantener la colaboración que habían venido manteniendo en materia de asistencia sanitaria y a estudiar posibles ampliaciones que permitan abordar de manera coordinada problemas comunes en materia de salud.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, señaló que este acuerdo, que debe ser ratificado en las Cortes, supone la “colaboración para la España autonómica”; y señaló que a raíz de este convenio continuará el resto con otras autonomías vecinas.
La colaboración afecta a los niveles asistenciales de atención primaria, atención hospitalaria, urgencias y emergencias, así como la prestación del transporte sanitario, la gestión del conocimiento y la historia clínica electrónica, y tiene una vigencia de cuatro años prorrogables por otros cuatro.
Vehículos para sanitarios
El Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 1.388.674 para adquirir 90 coches destinados a diferentes centros de Atención Primaria de la Gerencia Regional de Salud, con el objetivo de que los profesionales puedan prestar atención en el domicilio de los pacientes.
Con un plazo de ejecución de 160 días desde su adjudicación, la contratación prevé renovar aproximadamente un tercio del parque móvil de todas las gerencias de Atención Primaria de Sacyl por razones de obsolescencia técnica, ya que los vehículos a sustituir tienen una antigüedad que supone altos costes de reparación y mantenimiento.
Investigación Biosanitaria
El Consejo destina 1.399.830 euros a los tres institutos de investigación biosanitaria que existen en Castilla y León; en Salamanca, Valladolid y León, con el objetivo de colaborar en la financiación de las labores de investigación que llevan a cabo.
El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca recibirá una subvención de 949.830 euros para colaborar en la investigación traslacional y en el sostenimiento de una masa crítica de investigadores de reconocido prestigio.
Según los datos existentes, el pasado año se incorporaron 120 nuevos estudios a los 488 activos, entre ellos 82 ensayos clínicos, seis en terapia avanzada y 38 estudios observacionales.
En cuanto al Instituto de Investigación Biosanitaria de Valladolid, la subvención de la Junta asciende a 300.000 euros para financiar proyectos en biomedicina.
Formado por el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el de Medina del Campo y el Río Hortega, así como por los centros de Atención Primaria de las áreas de salud de Valladolid, sus investigadores desarrollan proyectos sobre bioingeniería, terapias avanzadas y medicina personalizada.
La tercera subvención asciende a 150.000 euros y es para el Instituto de Investigación Biosanitaria de León, con el objeto de potenciar la investigación traslacional y su internacionalización, así como la innovación. En el IBioLeón participan el Servicio Territorial de Sanidad de León, los centros sanitarios de las áreas de salud de León y el Bierzo y la Universidad de León.
menores inmigrantes
La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, anunció tras la reunión del Consejo de Gobierno que “a partir de la próxima semana” irán llegando a Castilla y León los 44 menores inmigrantes asignados a la Comunidad,fruto de los acuerdos de solidaridad interterritorial selladosen2023 y 2024.
Blanco recordó que 23 de esos menores corresponden a 2023. “Fue un acuerdo sellado a finales de año, en el cual Castilla y León, dentro de su apuesta por la solidaridad, remitió el convenio firmado a Canarias el pasado mes de marzo, y ellos nos lo han devuelto el 4 de julio. Se trata de menores cuya tutela corresponde a Canarias, ellos nos la ceden y nosotros la aceptamos”.
Libertad de prensa
Fernández Carriedo dejó clara la posición de la Junta de “clara defensa de la libertad de opinión y de prensa” frente al Plan de regeneración democrática propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Cualquier medida que pueda suponer una reducción de la capacidad de prensa y de opinión nos parece inadecuada”. “Esperamos que la regeneración democrática no sea colonizar las instituciones ni lo que nos plantea hoy el Gobierno de España porque, muy al contrario, cuanto mayor pluralidad de medios exista, mucho mejor”.
Comparecencia en las Cortes
El Consejero portavoz anunció que la nueva vicepresidenta, Isabel Blanco, y los tres nuevos consejeros que tomaron posesión el pasado lunes, solicitaron su comparecencia en las Cortes para explicar su programa hasta el final de legislatura.
Tras la celebración del primer Consejo de Gobierno ya con el nuevo organigrama de altos cargos, y en el que se conocieron los 14 ceses y 13 nombramientos de viceconsejeros, secretarios generales y directores generales de los cuatro departamentos, será ahora el Parlamento autonómico el que debe fijar los calendarios.
Las comparecencias corresponderán a la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; a la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; al consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino y a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.
Nuevo organigrama
Este jueves se renovó parte del organigrama de la Junta y se anunciaron 13 nombramientos y 14 ceses, con la desaparición de la estructura de la Vicepresidencia. Todos los nuevos cargos tomarán posesión este viernes. Cabe destacar entre los nombramientos, los de dos viceconsejeros, el de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega Arnaiz, que sustituye a Jorge Llorente Cachorro, que ocupará a partir de ahora la Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural. Asimismo, se nombraron tres nuevos secretarios generales, Natalia Flórez Loranca en Movilidad; Saturnina Moro Malmierca en Industria; y Ana Álvarez-Quiñones Sanz en Agricultura.
Blanco pide explicaciones por los contratos de los puntos violeta
Isabel Blanco ha urgido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a aclarar lo sucedido con la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, y que “ponga las medidas necesarias para que no ocurra” de nuevo.
Blanco ha calificado de “muy grave lo que está sucediendo y se está conociendo”, en referencia a lo que el diario digital ‘El Español’ publicó sobre que García y su pareja habrían obtenido 64 contratos de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los puntos violeta.
