Berkeley Exploration Limited, compañía inglesa propietaria de Berkeley Minera España, ha iniciado un arbitraje contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) con el que pide una compensación de unos 1.000 millones de dólares (920 millones de euros).
Con este arbitraje, Berkeley defiende que las acciones de España contra la compañía y el proyecto de su mina de uranio en Retortillo (Salamanca) han violado múltiples disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), según ha señalado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En este sentido, apunta que este arbitraje podría convertirse en la mayor reclamación a la que se enfrenta España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España.
España aprobó en 2021 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se introdujo una enmienda por la que no se aceptarían nuevas solicitudes de concesiones de exploración, investigación y explotación directa de materiales radiactivos, ni tampoco sus prórrogas. Con las concesiones existentes, Berkeley defiende que los procedimientos abiertos y las solicitudes relacionadas con éstos continuarían con base en la legislación anterior.
La nueva ley entró en vigor en mayo de 2021 y en noviembre de ese año el Ministerio para la Transición Ecológica notificó a Berkeley que había rechazado el proyecto tras un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de julio de 2021.
Berkeley ha subrayado que sigue comprometida con el proyecto y que continúa abierta a un diálogo constructivo con España y a colaborar con las autoridades para encontrar una resolución amistosa. Así, presentó una notificación escrita respecto a la disputa de inversión al presidente del Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informándoles de la naturaleza de la misma y de las supuestas violaciones del TCE y proponiendo buscar negociaciones para una solución amistosa.
Hasta la fecha, añade Berkeley, el Gobierno español no ha entablado ninguna conversación relacionada con la disputa, por lo que la compañía ha recurrido a un arbitraje internacional para hacer valer sus derechos en el proyecto.
Berkeley señala que el proyecto será clave para la reactivación del empleo en un área afectada por la despoblación y que, hasta la fecha, ha invertido más de 100 millones de euros en el proyecto, de los cuales más del 40 % permanecieron en la región, y ha contado con más de 70 empleados.
