El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha presentado este lunes sendos informes sobre medidas antifraude vinculadas a la recepción de fondos europeos (Next Generation), tanto en el ámbito autonómico como local, que incluye entre otras una recomendación de contar por parte de la Junta con una base de datos centralizada en este ámbito.
El informe referido al ámbito autonómico recomienda que “para un mejor control” de estos recursos económicos la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística “debería desarrollar una base de datos centralizada de toda la información relativa a la gestión del mecanismo de recuperación, como órgano técnico”, que además sirva de apoyo para los gestores participantes.
No obstante, Amilivia ha matizado en su segunda intervención que esta gestión inicial de los fondos por parte de la Junta estuvo condicionada por la inoperatividad del sistema que debía haber puesto en marcha el Gobierno central y porque se trataba de un sistema “totalmente novedoso”, aunque ha considerado que esta fiscalización, articulada como sistema de alerta temprana, “ha funcionado”.
Este informe se refiere al periodo que abarca desde el 1 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2022 y analiza las medidas llevadas a cabo para dar cumplimiento al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y para dar apoyo a la hora de gestionar los Fondos Next Generation.
También recomienda el Consejo de Cuentas que todas las Consejerías evalúen las necesidades de recursos humanos para implementar el plan antifraude, algo que únicamente hicieron seis de las diez consejerías existentes en ese momento, a las que reclama una formación para gestionar estos fondos.
Este documento plantea que a fecha de 31 de mayo la implementación de los planes requería de 537 empleados para atender el incremento de carga de trabajo, esta necesidad únicamente fue cubierta en un 80% por parte de la Junta, con un 15% de nuevas contrataciones y el resto, empleados públicos a los que se asignó este trabajo específico, por lo que dejaron de desarrollar sus tareas anteriores en otros puestos.
Por último, la tercera recomendación se centra en que las Consejerías deberían crear unidades especializadas en las particularidades de esta gestión, para que los funcionarios que se integren en ellas puedan compartir sinergias y conocimiento y que el adquirido no se pierda.
Este documento plantea que en el momento del análisis, por parte de la Junta, “no había un instrumento único y formal de planificación estratégica aprobado a nivel de la Comunidad para gestionar los subproyectos asignados en el marco del Plan”, sin que tampoco hubiera uniformidad en la elaboración de la planificación estratégica de subvenciones ni en la realización de los planes anuales de contratación.
Por otra parte, el segundo de los informes presentados este lunes por Amilivia se centra en las medidas tomadas por las entidades locales dentro de sus planes antifraude, entre el 1 de octubre de 2021 y 31 de marzo de 2022, también vinculado a la gestión de los fondos europeos articulados a raíz de la pandemia de covid.
