La Junta de Castilla y León recuperó en 2022 el nivel de contratación del año 2008, al registrar 2.829 contratos por importe de 1.161 millones de euros, apenas 34 millones menos que tres lustros antes y un 52 por ciento más respecto al año anterior, en lo que a importe total se refiere, pese a la reducción de un tres por ciento en el número de expedientes formalizados.
Este es uno de los datos fundamentales que se desprenden del informe ‘Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma’ entregado por el Consejo de Cuentas en las Cortes de Castilla y León, y que corresponde a la fiscalización que la entidad propia de la Comunidad realiza sobre la gestión contractual del Gobierno autonómico.
Sanidad, la primera en la lista
La entidad que gestionó mayor contratación en el ámbito autonómico en el citado ejercicio, tanto en número de expedientes como en importe, fue la Gerencia Regional de Salud, con 967 contratos por una cuantía global de 424 millones de euros, seguida de la Consejería de Educación, con 200 millones y 472 expedientes.
Por tipo de contrato, los de suministro sumaron 429 millones de euros, seguidos de los expedientes de servicios (384 millones) y obras (300 millones).
Por procedimiento de adjudicación, el principal fue el abierto (652 millones) y por forma de tramitación, la ordinaria (1.035 millones).
Para esta fiscalización se seleccionó una muestra de 150 expedientes, de los cuales, en 120, por importe conjunto de 402 millones de euros, se analizó la formalización de los contratos y en 30, por importe de 120 millones, la ejecución. De los 120 contratos de la primera muestra, en 82 expedientes (68 por ciento) los órganos de contratación cumplieron con todas las obligaciones de publicidad en el perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
En función de los expedientes examinados, el Consejo de Cuentas opina que la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma cumple razonablemente con la legalidad aplicable, excepto por las limitaciones relacionadas con la falta de alguna documentación en ocho expedientes y determinadas salvedades, reflejadas en cuatro de las once conclusiones, que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
