El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta, Fernando de la Parte, anunció ayer que se va a realizar una auditoría de los “gastos desmesurados” en el programa de visitas de los sindicatos en Prevención de Riesgos Laborales e informó de que se investiga el “modo” en que el Serla cambio de su anterior sede a la actual y pasó de pagar un alquiler de 28.000 a 50.000 euros con un contrato de quince años.
De la Parte respondió así a una pregunta de la procuradora del PP Paloma Vallejo sobre los programas de seguridad y salud laboral formulada en la Comisión de Industria, Comercio y Empleo.
“Las subvenciones a los sindicatos eran la prioridad de la Consejería”, sentenció en referencia a la anterior gestión en Industria, Comercio y Empleo antes de que este departamento haya pasado a ser gestionado por Vox en el reparto de consejerías del Gobierno de coalición con el Partido Popular.
Defendió que el ahorro en “gasto político” con la eliminación de subvenciones a los sindicatos se ha reinvertido en programas e incentivos en materia de seguridad, salud y bienestar laboral en cuya estrategia se ha introducido la salud mental, lo que calificó de una “novedad”.
En esa línea dijo que, tras suprimir sus subvenciones, los sindicatos están “estorbando”, algo que, afirmó, “perjudica” la seguridad y salud laboral.
Facilitó datos de algunos de los programas, como le pidió Vallejo, entre ellos reflejó la retirada en dos fases de 465.000 metros cuadrados de amianto y añadió que esperan convocar una tercera fase en este mismo mes, ya que han sido 185 las empresas que han solicitado la ayuda con una media de 18.000 euros.
También mencionó el programa de seguridad rural con las diputaciones y el Consejo Comarcal de El Bierzo, que ha beneficiado a un millar de agricultores con subvenciones de entre 3.000 y 15.000 euros. Además, manifestó que 200 empresas han solicitado ayudas para poner en marcha planes de salud psicológica y mental.
De la Parte defendió que la seguridad en el trabajo es una prioridad de la Consejería que dirige Mariano Veganzones y subrayó que el presupuesto ha crecido nueve veces al pasar de los 5 millones en 2021 a los 25 millones entre 2022-2023.
Ese incremento ha sido posible al suprimir “gastos políticos” a los sindicatos y reinvertir ese ahorro en formación y en prevención de riesgos laborales sin las “costosas” visitas de los representantes de los trabajadores.
