El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, pidió ayer comparecer en las Cortes para ofrecer las «explicaciones» y «datos necesarios» en torno a la supuesta venta ilegal de todoterrenos de la Administración autonómica.
Suárez-Quiñones realiz´ño estas declaraciones al ir a inaugurar el XLII Curso de Policía Local en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, con la participación de 136 futuros agentes.
El titular de Fomento y Medio Ambiente hizo referencia a las investigaciones abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, tras recibir otras diligencias procedentes del Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila, en torno a 313 vehículos forestales enajenados por este departamento de la Junta.
El consejero expresó su «absoluto y pleno respeto a la labor de la justicia», así como la «absoluta y plena colaboración de la Junta a esa labor», ya que la «primera interesada» en determinar si hay «algún aspecto no adecuado es la Junta de Castilla y León».
Suárez-Quiñones explicó que ayer por la mañana «a primerísima hora» solicitó su comparecencia en «la comisión correspondiente» de las Cortes, que es «donde habrá que dar todas las explicaciones y los datos necesarios, como depositarios de la voluntad popular».
El pasado viernes, el secretario general del PSOECyL y portavoz socialista en el Parlamento autonómico, Luis Tudanca, solicitó la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente para que diera explicaciones sobre este asunto.
«Ab initio, nosotros confiamos plenamente, si no se demuestra lo contrario, en todo nuestro personal público, más de 5.000 trabajadores públicos que en las distintas delegaciones territoriales trabajan», sostuvo Suárez-Quiñones.
La misma confianza transmitió en «los órganos de contratación que han intervenido en estos expedientes en las delegaciones territoriales», para después reiterar que la Justicia tiene de la Administración autonómica su «total y absoluta colaboración».
Preguntado si la Junta estudia personarse en el procedimiento ante el supuesto daño patrimonial que puede haber sufrido, el consejero ha indicado que lo hará «sin duda ninguna», en el caso de que «existan elementos o indicios de algún perjuicio patrimonial».
Precisó que «esas valoraciones o datos que se plantean de perjuicios económicos están, en principio, cuestionadas en la prensa, pero hay que dejar trabajar a la Justicia».
«Todos debemos dejar trabajar a la Justicia, porque hay quien incluso cree haber obtenido conclusiones finales de una investigación que está en marcha», añadió, quien reiteró la necesidad de «respetar la labor del juez» y de «colaborar».
Desde el punto de vista interno, el titular de Fomento señaló que la Junta está «recabando todos los datos necesarios».
«Lo que está claro», dijo, «es que los distintos órganos responsables en las distintas delegaciones, han instruido una serie de expedientes de venta de unos vehículos que había que enajenar por su estado de antigüedad, algunos de 27 años, con cientos de miles de kilómetros y con numerosas averías, que precisamente dieron lugar a acometer un proyecto de cambio de esos vehículos».
Se trata de unos vehículos en torno a los cuales «se han instruido unos expedientes conforme a la Ley de Patrimonio de Castilla y León de 1999, por un sistema de lotes, con más de cien ofertas de compra de distintas entidades», según ha explicado el consejero.
