Castilla y León no cumplió los límites de endeudamiento en 2017 dentro del objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública fijados por el Consejo de Ministros, aunque sí los cumplió en 2016, según el informe del Consejo de Cuentas presentado ayer por su presidente, Mario Amilivia, en las Cortes.
Lo mismo ocurrió respecto al cumplimiento del objetivo de la regla de gasto, pues en las dos anualidades fiscalizadas cumplió el objetivo de Deuda Pública. En concreto, el conjunto del sector público de la Comunidad alcanzó al cierre de 2017 un endeudamiento de 11.870 millones de euros, un 4,9 por ciento superior al de 2016.
En ambos ejercicios la Comunidad contó con autorización de operaciones de endeudamiento por el Consejo de Ministros y se adhirió al Fondo de Facilidad Financiera mediante el cual ha efectuado disposiciones de préstamos, a través del el ICO, por importe de 612 millones de euros en 2017 y de 45 millones en 2016.
La suma de los presupuestos definitivos del conjunto de entidades integradas en esta Cuenta General sujetas al régimen de contabilidad pública en 2017 fue de 15.494 millones de euros, habiendo experimentado un aumento de 1.311 millones respecto del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 9,3 por ciento.
El presupuesto inicial consolidado fue de 10.290 millones, habiéndose autorizado modificaciones por importe de 641 millones, mientras que el presupuesto definitivo quedó en 10.931 millones (10.254 en 2016). Las obligaciones reconocidas consolidadas por el conjunto de entidades sumaron 10.675 millones, un 8,8 por ciento superiores a las de 2016, y los derechos reconocidos alcanzaron los 10.547 millones, un 8,4 por ciento más.
GERENCIA DE SALUD
En el caso de la Gerencia Regional de Salud, existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2017 por importe de 132 millones de euros, un 71 por ciento menos que en 2016, cuando se cifró en 462 millones. Según ha apuntado Amilivia, la insuficiencia presupuestaria ocasiona a la Gerencia gastos por intereses de demora como consecuencia de los retrasos en los pagos a los acreedores, si bien «se han reducido».
En 2017 la Administración General concedió un aval y canceló seis. En 2016 no se concedieron avales y se cancelaron cuatro. La cuantía del riesgo vivo de 23 avales existentes al cierre de 2017 sumó un total de 481 millones, con una reducción interanual del 6,7 por ciento.
El número de empresas integradas en la Cuenta General pasa de 3 a 1 con la desaparición de Castilla y León Sociedad Patrimonial y en liquidación los centros Europeo de Empresas e Innovación de Castilla y León, y quedando únicamente Somacyl. El número de entidades integradas en la cuenta general de las fundaciones públicas se mantiene en diez.
