El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió ayer con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, un encuentro en el que ambos dirigentes acordaron abrir un diálogo permanente para garantizar unos servicios sociales «a la vanguardia».
En este encuentro celebrado en el Colegio de la Asunción, Fernández Mañueco y Armisén abordaron diversos temas que ponen de relieve la importancia de que las corporaciones locales y la Junta trabajen unidos y colaboren para mejorar la vida de las personas de Castilla y León.
Un ejemplo claro de este trabajo conjunto, según destacaron, son los servicios sociales, en este sentido, hablaron de la puesta en marcha del Nuevo Acuerdo Marco, que la Junta aprobó el pasado 5 de diciembre y que afecta directamente a 180.000 personas, a la vez que da estabilidad al empleo de los 1.241 profesionales que prestan atención en los CEAS de la Comunidad.
Mañueco destacó que, como novedades, se amplía su vigencia de 3 a 4 años, lo que aporta una mayor estabilidad; y se establece un nuevo calendario de pagos, con cuatro anualidades, que permitirá a las corporaciones locales una mayor liquidez y certeza y previsión en sus ingresos (25 por ciento en febrero, 25 por ciento en mayo, 25 por ciento en julio y 25 por ciento en septiembre, de manera que en esa fecha, entre anticipos y liquidaciones, se haya abonado el cien por cien de una anualidad). El primer pago se realizará este mismo mes de febrero, una vez que se haya suscrito el acuerdo con cada Corporación.
La dotación inicial prevista es de 448 millones de euros entre 2020 y 2023, lo que supone 112 millones de euros por anualidad. Este importe es una cuantía mínima garantizada, que se aumentará anualmente, especialmente en lo que se refiere a la financiación de la Ayuda a Domicilio, según disponibilidad presupuestaria, como ya se hizo el pasado año, aprobando una adenda de 3,5 millones de euros.
Mañueco y Armisén destacaron como objetivo irrenunciable seguir mejorando la calidad de los servicios que se prestan a las personas, apostando por la innovación, como la teleasistencia avanzada, o por la reducción de los plazos. Desde el 1 de enero se rebajó a tres meses el plazo para reconocer el derecho de las prestaciones de dependencia y se marca como meta reducirlo a un mes antes de acabe la legislatura.
Por ello, acordaron la constitución de un grupo de trabajo entre la Junta y las entidades locales al objeto de proponer y coordinar las actuaciones que sirvan para facilitar la consecución de estos objetivos, con la mejora de los servicios que se prestan a través del acuerdo marco.
En este sentido, el presidente autonómico reiteró la importancia de un nuevo modelo de financiación autonómica que se negocie desde la multilateralidad y que atienda a las necesidades específicas de Castilla y León. Y, en paralelo, de una mejora de la Ley estatal de Haciendas Locales, lo cual constituye una reivindicación histórica de la FRMP.
