La Junta de Castilla y León prevé aprobar su proyecto de ley de Presupuestos para 2020 antes de Semana Santa (5 de abril) y que la norma tenga vigencia antes del verano, según explicó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
Esta previsión está condicionada a la premura con la que el nuevo Gobierno central apruebe el ‘techo de gasto’ y determine el objetivo de déficit para las autonomías, aunque Carriedo confió en que «en breve» el Ministerio trace el escenario económico y convoque «pronto» el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Así, la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos marcaría la última parte del periodo de sesiones que arrancará en febrero, lo que puede influir en la tramitación de otras normas, ya que cuando entra en el Parlamento autonómico la norma que aglutina las cuentas públicas tiene prioridad sobre el resto.
El consejero reconoció que, pese a la «indefinición» a nivel estatal, su departamento tiene ya «muy avanzado» el proyecto de ley de Presupuestos, aunque ha reconocido que, más allá de los datos macroeconómicos que faltan por conocer, es necesario contar con marcos concretos sobre medidas anunciadas por el Ejecutivo y que influirán en las Cuentas autonómicas.
En concreto, Carriedo citó la anunciada subida salarial para los empleados públicos, las entregas a cuenta que prevé el Gobierno para Castilla y León y la repercusión que puede tener el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Aunque incidirá en la recaudación fiscal, el consejero disgregó las tramitaciones legislativas del proyecto de ley de modificación del Impuestos de Sucesiones y Donaciones, que prevé que tenga efectos desde mediados del año, y del proyecto de ley de Presupuestos, aunque ha confiado en que la primera de las normas tenga un efecto de dinamización económica y un incremento de declarantes que palíe la merma en la recaudación, que la Junta ha calculado en unos 17,4 millones en 2020 y el doble para el año completo en 2021.
Al contrario de lo que hicieron administraciones como la Junta de Andalucía, donde también gobiernan en coalición el PP y Cs, Carriedo ha defendido la decisión de la Junta de Castilla y León de no presentar las cuentas autonómicas par 2020 hasta disponer de todos los datos del Estado, ya que las cuentas elaboradas sin estas referencias tendrá unas «bases incorrectas».
El proyecto de ley que presente el Ejecutivo autonómico para 2020 será el primero de este Gobierno de coalición entre el PP y Cs, después del pacto alcanzado tras las elecciones de 2019, por lo que definirá sobre el papel presupuestario las líneas trazadas en acuerdos y anuncios durante los pasados meses, pero con el horizonte de la modificación de la financiación autonómica aún por despejar.
