Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF sólo negociarán el contenido de la normativa necesaria y los calendarios laborales para la aplicación, en el plazo más breve, de las 35 horas para los empleados públicos, pero no consentirán el incumplimiento de un pacto que debería haber entrado en vigor el 1 de junio.
El actual incumplimiento “ha minado completamente la confianza” de los funcionarios, por lo que en caso de persistir esa demora “seguiremos con los movilizaciones” porque “el tiempo avanza” y el “enfado va en aumento”, afirman los sindicatos en el manifiesto conjunto que leyeron ayer en Valladolid.
Fue durante una manifestación —algo más de un millar de personas— celebrada junto al antiguo Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de la Presidencia, a la que también asistió el líder autonómico de Podemos, el procurador Pablo Fernández.
“Estamos aquí para apoyar algo que es de justicia e higiene democrática: que un gobierno democrático cumpla lo pactado, que se deje de excusas y que cumpla ya. Los acuerdos se firman para aplicarlos inmediatamente y no para dilatarlos en el tiempo”, declaró ante los periodistas. Fernández se refirió a ese asunto para justificar la “desafección que siente la ciudadanía por la clase política”, lo que en su opinión “es muy grave y peligroso”, añadió.
El próximo lunes se reunirán de nuevo representantes del Gobierno de Castilla y León y de los sindicatos para analizar la cuestión, “pero no existe ninguna propuesta encima de la mesa, no ha cambiado nada, por eso nos encontramos aquí en esta protesta”, manifestó la secretaria de Acción Sindical de la Unión Autonómica de CSIF, Raquel Fernández.
La portavoz de CSIF argumentó que garantizar los servicios públicos no es una razón para retardar el retorno a las 35 horas semanales acordadas, el pasado 21 de mayo, a través de un acuerdo firmado por la Junta y los sindicatos. “Los empleados públicos somos muy responsables y los servicios están garantizados”, subrayó.
Para Tomás Pérez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, ese razonamiento del Gobierno regional no es sino una excusa “para ganar tiempo y el tiempo se acaba”, reprochó que quieran negociar “lo que ya hemos negociado”, y recordó que los servicios llevan garantizados “desde hace dos veranos”.
Las 35 horas semanales (desde las 37,5 horas anteriores instauradas debido a la crisis económica) hay que aplicarlas “cuanto antes y si se retrasan que se compensen, basta de palabras”, insistió.
Los sindicatos “no vamos a perdonar este incumplimiento” porque la aplicación de las 35 horas “es fundamental para la credibilidad de este gobierno y de los empleados públicos”, añadió Ana Rosa Arribas, portavoz de CCOO.
Algo más de un millar de personas se manifestaron ruidosa y pacíficamente delante de la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, donde leyeron un manifiesto en el que se recuerdan otras ventajas que conllevará la aplicación de las 35 horas.
“No hablan de los beneficios que generará la jornada de 35 horas como es la creación de empleo con la consiguiente aportación a las arcas públicas, el asentamiento de población en una comunidad tan necesitada de cotizantes, la conciliación de la vida laboral y familiar y, la más importante, la mejora en la calidad de los servicios públicos”.
