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La PAC, para quien la trabaja

por Redacción
19 de noviembre de 2013
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«La tierra es para quien la trabaja» fue una frase célebre pronunciada por el revolucionario mexicano Emiliano Zapata que evoluciona a la hora de hablar de los fondos de la Política Agraria Común hacia «la PAC para quien la trabaja». Ese espíritu puede resumir el acuerdo alcanzado entre la Junta y las organizaciones agrarias y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, para fijar una posición regional en torno a la definición de agricultor activo en la aplicación de la nueva PAC en España. En él se refleja que Castilla y León apostará por limitar los fondos de la PAC a los agricultores y ganaderos que al menos equiparen sus ingresos de producción de actividad agraria y ganadera al importe de los pagos directos procedentes de Bruselas.

Además de ese nivel de ingresos, el agricultor activo será aquel que asuma un riesgo empresarial por su trabajo agrario y que cumpla con todas las condiciones legales, tanto las de naturaleza jurídica como los de Seguridad Social. No obstante, esto no evita que se puedan tener en cuenta situaciones particulares, tales como que sea autónomo, tenga empleados a su cargo, sea jubilado activo, novedad en la reforma, o esté inscrito en el Registro General. «La casuística es múltiple», dijo la consejera de Agricultura, Silvia Clemente.

El Gobierno autonómico y el sector entienden que para el cumplimiento de esta exigencia se debe incluir un periodo transitorio y así poder dar respuesta a las distintas situaciones que se puedan dar. La definición de agricultor activo, coincidieron, debe extenderse a la totalidad de los perceptores.

Otro de los aspectos que incluye el acuerdo y que destacó la consejera es que «no podrán percibir ayudas PAC los que no desarrollen actividad agraria y sus únicos ingresos del sector sean los procedentes de las ayudas». «En Castilla y León no queremos que se siga haciendo eso. Queremos un sistema para profesionales y para agricultores que trabajen de verdad en el campo», manifestó Clemente.

También señala el pacto que para considerarse actividad agraria, concepto vinculando con el de agricultor activo, será suficiente introducir en las tierras de cultivo la rotación de cultivos, una característica que permite la práctica de la «agricultura real» y evitará una declaración reiterada de la misma parcela que no sea cultivada o que esté en abandono.

En cuanto a los pastos permanentes, el Gobierno autonómico y el sector contemplan que se asigne derechos de pago base sobre superficies de pastos a los beneficiarios que sean ganaderos titulares de una explotación ganadera en el REGA (Registro de Explotaciones Ganaderas). El titular debe disponer de una explotación ganadera con un número de animales proporcional a las superficies admisibles que debe mantener para obtener las ayudas.

Todas las partes aseguraron que los fondos no sufrirán reducción alguna en España y la Comunidad, tal y como sostiene el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, ya que de los principios del Reglamento y del Articulado no existe este temor por el mero hecho de utilizar como estado miembro las opciones que habilitan, como es poder excluir del nuevo régimen a aquellas personas que no cumplan con los requisitos de actividad agraria o agricultor activo.

También coincidieron en destacar la relevancia del documento, si bien aseguraron que ahora comienza el trabajo más difícil. «Es necesario convencer al resto de comunidades autónomas y al Gobierno de que es un buen acuerdo para el sector y de que es la forma de aprovechar para incluir algo que añoramos y reivindicamos, que las ayudas vayan para los profesionales, los que producen y viven del campo», subrayó la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, mientras las organizaciones agrarias asentían.

Cuando se alcance un acuerdo en el Grupo de Alto Nivel, se convocará la Conferencia Sectorial, que deberá dar luz verde o no a «todo lo negociado y avanzado» hasta ese momento en el marco de agricultor activo, una cuestión «especial para la Comunidad», según la consejera. Cabe la posibilidad de que se tengan en cuenta ciertos matices de algunas comunidades autónomas.

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