Al margen de la inseguridad que suponen, en todo momento, las condiciones climatológicas, a pesar de las coberturas que ofrece la política de seguros, las fuertes oscilaciones de los precios percibidos y, sobre todo, la permanente subida de los precios de todos los medio de producción que amenazan con extenderse ya a la mayor parte de la renta agraria de una explotación, siguen constituyendo los principales problemas a los que se enfrenta el campo.
Metidos en plena campaña de recolección de los cereales y a las puertas de una buena vendimia, el sector tiene ahora entre las manos tres instrumentos que deberían jugar un papel clave para el mantenimiento y la mejora de sus rentas y, en definitiva, para poner sobre la mesa una nueva política agraria que hiciera más rentable la actividad y que apoyara el mantenimiento del territorio rural. Tres patas claves que se concretan en la Ley de la Cadena Alimentaria, la de Integración Cooperativa y la negociación española para la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común por la que un Estado puede orientar la distribución de los fondos y otras actuaciones en una u otra dirección.
La Ley de la Cadena Alimentaria constituye una de las grandes reivindicaciones ante la clara situación de desequilibrio que se ha producido en los últimos años entre la gran distribución y la mayoría de los proveedores de tamaño pequeño o mediano fundamentalmente. Esta situación de poder de una de las partes ha provocado, en muchos casos, un ámbito de dominio y de imposición de precios, así como de otras medidas que han minado la salud de las empresas agrarias y alimentarias. La normativa tiene, entre sus principales retos, lograr un mayor equilibrio entre los intereses de todas las partes, para que todas tengan derecho a la vida.
En base a esta nueva disposición, que estará en vigor en un plazo de cinco meses, serán obligatorios, en líneas generales, los contratos para casi todas las relaciones comerciales por un volumen superior a los 2.500 euros. En esos acuerdos deben figurar claras las condiciones de la operación, precio, forma de pago y duración del contrato. El principal objetivo es evitar el desarrollo de prácticas abusivas, aunque el equilibrio y la eliminación de los abusos no se lograrán hasta que no haya una mayor relación de fuerzas entre quien compra y quien vende.
No serán obligatorias las operaciones cuando los socios entregan a su entidad y además, tienen la obligación de hacerlo. La nueva norma contempla la existencia de un código de buenas prácticas que están elaborando conjuntamente el Ministerio, las industrias, el sector agrario y la distribución, aunque será voluntario acogerse al mismo. Para la aplicación de la misma, se dispondrá del Observatorio de la Cadena Alimentaria con competencias para recibir, en un total anonimato, denuncias desde las partes, pero que también podrá actuar de oficio ante la sospecha de irregularidades, así como elevar denuncias a la Comisión Nacional de la Competencia. Además, se regula la venta electrónica y la exigencia de mantener los documentos durante dos años. También funcionará como mecanismo de vigilancia la Agencia de Información y Control Alimentario con un amplio abanico de sanciones en manos de las regiones y de Madrid cuando la empresa se halle en varios territorios. Incumplir un plazo de pago se considerará falta grave y no hacer contratos, muy grave.
Entre las enmiendas introducidas, se halla la figura del mediador en caso de un conflicto entre las partes, solo para las compañías que hayan suscrito el Código de Buenas Prácticas. La parte más negativa de la ley es no contemplar la venta a pérdidas o el abuso de los productos reclamo baratos. No se aceptó una enmienda por la que los productos del campo deberían tener, al menos, el precio de coste. La Administración alega que la prohibición de la venta a pérdidas es algo que ya se contempla en otras leyes en vigor, aunque el sector dice que nunca se ha aplicado
Un segundo punto importante para acometer una nueva política se concreta en la Ley para fomentar la integración cooperativa ante la grave dispersión existente en el campo, con cerca de 4.000 entidades asociativas con unas ventas de unos 19.000 millones de euros, un millón de socios o 100.000 trabajadores. Sin embargo, se trata de un volumen que equivale a la facturación de las tres primeras cooperativas en la UE donde, la española más importante, la gallega Coren, ocupa el 25 lugar con algo mas de 1.000 millones de euros. Para dar prioridad en la política de ayudas y de acceso a los créditos, entre otras medidas, se pretende apoyar una mayor integración de los productores en las cooperativas e ir al desarrollo de estas entidades supraautonómicas, con mayor volumen, para concentrar la oferta o desarrollar una política conjunta de compras como elementos claves para las rentas agrarias.
Finalmente, una tercera e importante vía para el desarrollo de una nueva política agraria se halla en las actuales negociaciones entre el Ministerio, comunidades autónoma s y el sector para la aplicación en España de la reforma de la PAC. Ésta ha dejado un abanico muy abierto, tanto para la distribución de los fondos como para definir quiénes deben ser los activos que se beneficien de todo tipo de medidas así como para el apoyo al medio rural. Salvo la aplicación del nuevo sistema de pagos por superficie, está casi todo por decidir. Y lo importante sería que la aplicación de esa reforma se hiciera pensando en la política que necesita hoy el campo para asegurar su futuro, entre otras cosas, un relevo generacional, rejuvenecer la actividad y mantener el medio rural dando prioridad a quienes viven en el territorio.
