Los ayuntamientos podrán destinar el superávit del ejercicio 2012 a inversiones sostenibles que no generen gasto corriente. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró ayer en Zamora que el Gobierno modificará la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo proyecto de ley se enviará al Congreso este mismo mes, para permitir a las entidades locales que dispongan de un ahorro neto positivo y estén al corriente en el pago a sus proveedores destinar ese superávit a inversiones que «no generen gasto que pueda hacerles caer en déficit al año siguiente».
Beteta, que participó en un encuentro de trabajo sobre la reforma local con alcaldes del PP en la provincia de Zamora, explicó que la actual Ley de Estabilidad impide dedicar el superávit municipal a cualquier otra cosa que no sea la amortización de deuda. El hecho de que haya más de 4.000 municipios y diputaciones en España con resultrado positivo en sus cuentas y las presiones de la Federación Española de Municipios y Provincias ha provocado que el Gobierno central reconsidere esta exigencia y haya decidido modificar la ley.
El secretario de Estado indicó que, una vez aprobado en el Consejo de Ministros antes de que concluya junio, se notificará a la FEMP para que los ayuntamientos puedan ir preparando los expedientes con el objetivo de que puedan realizar a lo largo de este año las inversiones correspondientes al superávit de 2012. Eso sí, Beteta insistió en que «no se permitirá destinar el dinero a construir piscinas o centros culturales, porque todo ello genera mucho gasto corriente», aunque sí pueden acometerse mejoras en la iluminación, carreteras, pavimentación, etc.
En presencia de Fernando Martínez Maillo, presidente de la Diputación y del PP de Zamora, el secretario de Estado destacó la buena gestión de la Corporación provincial zamorana, que ha finalizado 2012 con un ahorro neto de 10,3 millones. También mencionó al Ayuntamiento de la capital, cuyo ahorro bruto alcanzó los 1,6 millones de euros.
Asimismo, Antonio Beteta se refirió al polémico coste estándar que va a homogeneizar el coste de los servicios. El secretario de Estado aseguró que se está realizando un estudio para definirlo en el que se tendrán en cuenta muchas variables. «Además de la población, se incorporará como factor la extensión del territorio, la densidad, etc», manifestó.
Hay que recordar que la Junta de Castilla y León ha mostrado sus exigencias de que se recoja la dispersión, el envejecimiento y otras variables que son importantes a la hora de evaluar los costes de los servicios en la Comunidad.
No obstante, Beteta insistió en que el coste estandar, que busca una eficiencia conseguida con elementos objetivos, será definido con la participación tanto de las comunidades autónomas como de la Federación Española de Municipios y Provincias.
