El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó ayer en Burgos que existe una limitación para ampliar las plantillas «de todos los funcionarios» de la Administración de Justicia, por lo que el Ministerio trabaja en una reordenación de funciones «para que todos hagamos más» en un momento de imperante crisis económica, que implica que registradores y notarios asuman funciones que antes asumían otros cargos.
Gallardón se desplazó hasta la capital burgalesa para asistir a la inauguración del remodelado Palacio de Justicia, sede del TSJ de Castilla y León y la Audiencia Provincial de Burgos. El acto contó con la presencia del presidente del TSJCyL, José Luis Concepción; el Fiscal General de Castilla y León, Manuel Martín Granizo; el consejero de Presidencia de la Junta; José Antonio de Santiago-Juárez, y la presidenta de las Cortes, Josefina Cirac, entre otros.
Allí declaró que «nadie va a perder funciones ni actividad», y aseguró que los funcionarios de Justicia seguirán trabajando en sus áreas, si bien es cierto que registradores y notarios comenzarán a participar en funciones que antes no tenían y que eran solo de jueces y magistrados.
Por otra parte, anunció que el Ministerio de Justicia ha encargado a una comisión que elabore un proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación en el que se incluirá toda la estructura judicial del país que estará listo para el mes de octubre. En este sentido, recordó que el Consejo General del Poder Judicial ha realizado un informe a petición del Parlamento, motivo por el que declaró que «no le parece elegante» criticar al Consejo General del Poder Judicial por elaborar un informe cuando ha sido el Parlamento. El ministro recordó que la petición de ese informe de demarcaciones, se realizó a «instancia del grupo socialista».
El titular de la cartera de Justicia señaló también que el mayor reto por el que atraviesa el Poder Judicial radica en la modernización de su sistema, «una tarea importante para hacer que la tutela judicial sea una realidad e introduzca a la justicia como un elemento de modernidad y competitividad».
Durante su discurso, el ministro de Justicia dejó claro que en el objetivo marcado por el Gobierno de modernizar la Justicia, «no habrá ninguna limitación que demore ese compromiso que se tiene con los ciudadanos». En este sentido, recordó que el país vive «tiempos difíciles», en los que, sin embargo, entiende que es «respetable» escuchar críticas a las medidas adoptadas.
Por su parte, el presidente del TSJCyL agradeció los trabajos del Gobierno central que han dado como resultado un edificio «moderno y funcional», muy deseado por los profesionales de la Justicia. En este sentido, afirmó que su rehabilitación se convirtió en una «verdadera obsesión» para él mismo, cuando asumió el cargo hace ahora siete años, al recordar la «penosa y anacrónica» imagen que el Palacio proyectaba al exterior.
Concepción recordó que durante el transcurso de las obras ha pasado «demasiado tiempo» y que en algunos momentos se ha producido algún que otro «desengaño» a consecuencia de la falta de diálogo entre los profesionales y los responsables de obra. «No se puede ocultar que ha habido críticas hacia algunos remates estéticos», apuntó, en relación a la escalinata del sigloXIX.
