La ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria obligará a la Junta de Castilla y León a reducir en 170 millones (0,3 por ciento) su deuda pública para no superar el tope del 10 por ciento del Producto Interior Bruto en el año 2020, si bien la aplicación de este precepto se producirá cuando el crecimiento de la economía sea del dos por ciento o se genere empleo.
Esta es una de las novedades de la normativa estatal, aun en fase de anteproyecto pero dado a conocer por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, que se deberá incorporar así al proyecto de ley de Estabilidad o ‘Techo de Gasto’ remitido por la Junta de Castilla y León a las Cortes, ya en fase de tramitación parlamentaria.
Precisamente, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, se reunirá con los tres grupos de las Cortes la próxima semana para que la ley salga con el máximo consenso, tanto en la redacción propuesta por el Ejecutivo autonómico como en los aspectos estatales que se deben incorporar a la misma.
Junto al tope máximo de deuda, que en el ámbito estatal será el 60 por ciento del PIB -47 por ciento la Administración General, 10 por ciento las autonomías y tres por ciento los entes locales-, y su reducción hasta 2020, el texto del Ministerio de Hacienda recoge también que el gasto no financiero (transferencias finalistas e intereses) no podrá aumentar por encima de la tasa de referencia económica nacional. Esta “regla de gasto” motivara otra enmienda al texto autonómico para que el techo de gasto se acuerde por las Cortes entre enero y junio y no en septiembre, dado que antes del 1 de agosto se tiene que remitir al Gobierno.
La Consejería de Hacienda, según la información recabada por Ical, tendrá que destinar este año unos 540 millones de euros para el pago de la deuda, lo que supone 151 millones y un 28 por ciento más de lo que se tuvo que presupuestar en 2011. Así, el presupuesto de 2012, pendiente de aprobación, estará ya condicionado por esa cantidad.
Castilla y León es la cuarta comunidad con menos deuda pública respecto de su PIB y se mantiene cuatro puntos por debajo de la media de las autonomías. En concreto, Castilla y León debe 5.089,6 millones de euros, lo que supone un 8,8 por ciento de su PIB, frente al 12,6 por ciento de media entre las regiones españolas. Así, cada castellano y leonés adeuda 1.992 euros, que son 884,6 menos de lo que se debe de media en el conjunto de las comunidades autónomas.
