Uno de los pocos puntos donde últimamente se han puesto de acuerdo todas las organizaciones agrarias, industriales y la propia Administración ha sido en la necesidad de defender ante las instituciones comunitarias los derechos de cultivo en algunos de los sectores más importantes, como leche, remolacha o viñedo.
Sin embargo, frente a ese interés por mantener el sistema de cuotas y su preocupación por la eliminación de las mismas, hasta ahora, las autoridades y los técnicos han hecho oídos sordos. En la propuesta para la reforma de la Política Agrícola Común, Bruselas ha mantenido sus posiciones iniciales contra la existencia de derechos adquiridos y el propio comisario se reafirmaba posteriormente en la misma dirección en línea con la filosofía de la llamada globalización de la economía, donde prima la libertad de mercados, pero sin valorar las circunstancias específicas que hay en cada territorio.
La existencia de cuotas o techos de producción ha sido históricamente algo generalizado en el seno comunitario. Su establecimiento respondía a diferentes factores. Fijar límites era un mecanismo en manos de la Comisión para ajustar la oferta a la demanda, para evitar excedentes y, en consecuencia, caídas de los importes. Indirectamente, con ese ajuste en el mercado, se reducían las necesidades de recursos financieros para aplicar medidas como las compras en intervención o los almacenamientos privados o públicos con apoyos comunitarios.
Desde la perspectiva y los intereses de una nación, el sistema de cuotas o límites de producción por Estados miembros ha constituido un mecanismo para evitar que un país, por su mayor capacidad competitiva o la condiciones de sus territorios, no tenga límites en su producción y hunda al resto de los mercados
En el pasado, hubo topes para una gran parte de las producciones más importantes. Tuvieron su techo y tasa los cereales a nivel comunitario, donde España pagaba por los excesos de otros países. Hubo un límite económico para el olivar donde los fondos se debían distribuir para una producción total y, si se superaba la misma, era preciso el prorrateo como sucede hoy en los cotos de ayuda en diferentes producciones ganaderas. Su incumplimiento supone, en algunos casos, la existencia de penalización y el recorte de las ayudas que se hayan establecido por tonelada de producción o cabeza de ganado. Frente a esa vieja posición defendida en el seno comunitario, en la actualidad, se han impuesto las corrientes globalizadoras basadas en la libertad de producción y comercio, pero sin tener en cuenta en absoluto los daños irreversibles para el sector agrario y el propio medio rural que pueden provocar esas políticas.
Según la propuesta para la reforma de la Política Agrícola Común, a partir de 2015 deberán desaparecer los sistemas de cuotas o derechos de producción para la leche por países, aunque en principio no se descarta la posibilidad de que se instauren sistemas de apoyo en zonas desfavorecidas donde las explotaciones no sean capaces de competir en los mercados para evitare su desaparición. Bruselas, con todo en contra, sigue en su empeño de eliminar las cuotas nacionales para la producción de remolacha azucarera. En un mercado como el comunitario, la medida supondría que se mantuviera solamente el cultivo allí donde tuviera los mayores rendimientos y que resto tuvieran que abandonar. Finalmente, entre las grandes producciones sobresale el empeño de la CE para eliminar en 2015, dando la posibilidad a los países para aplazarlo al 2018, los actuales derechos de plantación para poner un nuevo viñedo frente a la necesidad de disponer de imparcialidad de cultivos propios históricos o adquiridos.
España tiene una cuota para la producción de 6,3 millones de toneladas de leche de vaca. Sin embargo, frente a ese tope, las producciones anuales se cifran en menos de seis millones de toneladas en función de los precios de los mercados y, en definitiva, la rentabilidad de las explotaciones si sus estructuras productivas no son las más adecuadas.
En consecuencia, aunque los cupos son importantes, lo es también que tengamos explotaciones más eficientes para poder competir en todos los mercados. Las cuotas por países y la existencia de penalizaciones a la leche que supere esas cifras fijadas suponen una garantía para que un determinado país no inunde los demás mercados a precios ruinosos para esa leche sin asignación.
Una situación similar es la que se plantearía en el sector remolachero. En una UE sin cuotas y penalizaciones para quienes superasen sus techos de producción, tendríamos unos mercados excedentarios, donde la peor parte la pagarían los productores con los costes más altos de cultivo.
