Tras la presentación el pasado mes de noviembre por la Comisión de la Unión Europea de la propuesta inicial para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013, los ministros comunitarios prosiguieron esta semana las negociaciones para trasladar la misma a las correspondientes propuestas de reglamentos.
Aunque en principio se había barajado la posibilidad de que esos proyectos estuvieran finalizadas en el primer semestre de este año, la realidad es que no se espera que estén listos hasta finales de 2011. Eso va a suponer que los debates definitivos y la aprobación de la reforma no se producirán hasta entrado el año que viene y que la misma será ya responsabilidad del Gobierno que salga de las próximas elecciones generales.
En los debates sobre la propuesta inicial de la reforma, los avances hasta la fecha han sido escasos. Dada la redacción abierta del proyecto elaborado por el comisario para contentar a todas las partes que tienen intereses en la PAC, a los viejos y a los nuevos países miembros, a los pequeños y a los grandes perceptores, son más las cuestiones de fondo que se mantienen con interrogantes que los puntos sobre los que se ha producido un acuerdo.
En la propuesta inicial comunitaria para la renovación se podía decir que existen especialmente tres puntos claves sobre los que no caben dudas: primero, la necesidad de modificar el actual modelo de pagos o reparto histórico por otro más que suponga un mayor equilibrio entre países. Segundo, el mantenimiento de los dos pilares de fondos, uno para apoyar la actividad agraria vía pagos directos y soporte de los mercados, y otro para desarrollo rural. Tercero, impulsar las actuaciones hoy llamadas verdes o el apoyo a todas las prácticas que supongan una mejor y mayor defensa del medio ambiente.
A partir de estos principios generales, se mantienen abiertas todas las demás incógnitas sobre el contenido de lo que será la letra pequeña a la hora de aplicar los mencionados apartados.
Aunque Bruselas tiene decidida su posición sobre la necesidad de una redistribución de los fondos más uniforme por hectárea o cabeza de ganado, no se han producido avances significativos sobre los mecanismos para lograr ese nuevo reparto.
Desde los nuevos países miembros, que serían los principales beneficiados por el cambio, no se han planteado esas demandas de forma radical. En la parte contraria, los dos principales países pagadores y perceptores de las ayudas mantienen su posición a favor de dejar las cosas como están, o con simples retoques que no varíen sustancialmente la distribución final de los fondos. España, segunda nación en la recepción de recursos, en los mismos niveles que Alemania con más de 7.000 millones de euros, no ha tomado una posición muy definida en relación con este cambio. Con una superficie muy importante en sectores como el viñedo o frutas y hortalizas, que en la actualidad no perciben ayudas, un cambio en el modelo de pagos, pasar de los actuales derechos históricos a otro con un apoyo más uniforme a la hectárea o por cabeza de ganado, podría mantener los actuales niveles globales de ingresos, e incluso aumentar los mismos.
Uno de los temores más directos de los actuales perceptores de fondos era la fecha para la aplicación del reciente sistema de reparto o el establecimiento de novedosos criterios sobre las personas beneficiarias. Los países y la propia Comisión coinciden en defender que ese cambio en el sistema de pagos se haga de forma flexible y con un período transitorio desde 2014 para evitar situaciones traumáticas. Otro punto importante de la reforma es la definición de los futuros beneficiarios las ayudas directas en la Política Agrícola Común. La propuesta inicial señala simplemente como objeto de esos pagos que engloba a los agricultores.
No se han producido avances en los debates sobre la definición de activos. Ha quedado claro que esa figura no coincide con lo que se podía interpretar como agricultor competente y que se había equiparado con los trabajadores desde algunas organizaciones agrarias. Ante una previsible situación futura de ajuste de fondos, hay una corriente mayoritaria en la UE que apuesta por ir acercando cada día más las subvenciones solo para los expertos del sector, para quienes viven de la actividad y que, además, lo hacen en el medio rural. Sin embargo, se trata de un proceso que se pretende sea flexible y con un tiempo transitorio largo.
Un interrogante básico que no se ha despejado, ni se hará a corto plazo, son las disponibilidades presupuestarias para la PAC. La impresión general es que habrá menos dinero a distribuir entre más Estados y más agricultores y ganaderos, lo que se debe traducir en recortes. Los debates pendientes deben decidir dónde se aplican esos recortes. En principio, habría ajustes por la parte de arriba con el establecimiento de topes por beneficiario. En la parte baja, sería una ayuda para apoyar el mantenimiento de las pequeñas explotaciones, pero también un techo mínimo, que podría estar en los 300 euros, por debajo del cual se eliminarían los pagos al suponer esa cifra el coste de tramitación de la petición. En esa cadena de ajustes podían estar igualmente pagos a empresas ajenas a la actividad agraria. Un punto abierto son los desembolsos a jubilados. En España, las personas mayores de 65 años suponen más del 35% de los perceptores de ayudas. Ese sería otro de los colectivos donde recortar pagos, pero nunca de forma automática, sino en varios años.
La propuesta no deja lugar a dudas sobre el mantenimiento de los dos bases, la primera para la política agraria y la otra para el desarrollo rural. Desde los países miembros se mantiene la apuesta de que no haya transferencia de recursos del primer al segundo pilar y que las necesidades del medio rural se provisionen desde otros fondos.
